Doce días después de la entrada masiva que desbordó Ceuta, el Gobierno sigue sin ofrecer una explicación suficiente de lo ocurrido ni una solución a la situación que permanece en sus calles. Ángel Víctor Torres, tercer ministro que visita la ciudad desde el 30 de julio, elevó ayer a unas 80.000 las personas que cruzaron desde Marruecos durante los dos días de la crisis, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez cifra ya en alrededor de 1.400 los menores identificados, cantidades que siguen siendo cuestionadas por las autoridades locales. La dimensión de lo sucedido desborda cualquier intento de presentar el episodio exclusivamente como una emergencia humanitaria. La protección de los menores es una obligación legal y moral del Estado, pero no puede servir para ocultar que España sufrió una quiebra extraordinaria de su frontera exterior. El propio argumentario distribuido por el PSOE ceutí admite que la entrada de miles de personas «violentó nuestra integridad territorial» y desbordó los dispositivos ordinarios de control. Resulta difícil conciliar semejante reconocimiento con el empeño posterior en transmitir «normalidad» y reducir la cuestión a que ninguna frontera puede garantizar un riesgo cero.

Más llamativa resulta la diferencia de ritmos y el aprovechamiento político que se persigue con ello. Sira Rego exhibió desde el primer momento su determinación para trasladar menores a la Península y repartir su acogida entre las comunidades autónomas. El Gobierno intenta convertir así una consecuencia de la crisis que no supo prever en un nuevo conflicto territorial, mientras la causa permanece sin resolver. La prioridad debería ser identificar a esos menores, localizar a sus familias y explorar con Marruecos, con todas las garantías exigibles, las posibilidades legales de reagrupación familiar. El propio Torres situó ayer esa reagrupación entre las prioridades oficiales, pero la opinión pública no ha visto ninguna gestión en ese sentido.

Entretanto, quienes no pueden ser trasladados de Ceuta son los ceutíes. ABC ha recogido testimonios de familias que han enviado a sus hijos a la Península durante las vacaciones ante el miedo y la inseguridad que perciben en las calles. Hay menores que han permanecido encerrados en sus casas y padres que han recurrido a familiares de Andalucía o la Comunidad Valenciana para alejarlos temporalmente de la ciudad. Este domingo, miles de ciudadanos salieron a manifestarse para reclamar respuestas inmediatas, medios y protección de la frontera. Ceuta no necesita argumentarios, sino un Estado. España tiene compromisos humanitarios, pero también la obligación primordial de proteger sus fronteras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y exigir a Marruecos una cooperación efectiva. Distribuir apresuradamente las consecuencias por la Península mientras permanece irresuelto el problema en origen no constituye una política migratoria. Es trasladar el problema. Y después de doce días, los ceutíes tienen derecho a algo más que ministros de visita, evaluaciones cambiantes y apelaciones a una normalidad que ellos no reconocen.