Manuel Cruz-El Correo
- No es aceptable que los principios se utilicen como arma arrojadiza en función de un interés coyuntural
Por más que se repita que vivimos en tiempos de enorme confusión ideológica, en los que en muchos momentos se hace francamente difícil señalar por dónde pasaría la línea de demarcación entre posiciones políticas antaño nítidamente diferenciadas, estoy seguro de que alrededor de unas cuantas afirmaciones la inmensa mayoría de los ciudadanos podríamos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en las referidas al derecho que estos tienen a recibir suficiente información respecto a las cuestiones que a todos conciernen. Conviene recordar que tal derecho no es algo que incumba solamente a los medios de comunicación, sino que afecta también, y de manera directa, a los responsables políticos, que no pueden soslayar la obligación de proporcionarla a la ciudadanía. Por añadidura, esos mismos responsables deberían ofrecer explicaciones convincentes acerca de las medidas que en relación con los mencionados asuntos van adoptando.
Sin duda, a estas afirmaciones se podrían añadir otras, igualmente compartibles. Pero con las señaladas basta para desembocar en lo que ahora me interesa plantear. Y es que la gravedad de la situación provocada por la invasión de la ciudad de Ceuta por parte de miles de ciudadanos marroquíes tiene asimismo una derivada no desdeñable, que afecta al propio funcionamiento democrático. Porque se han incumplido las prescripciones contenidas en las afirmaciones anteriores, las cuales en cierto modo se subsumen en una última prescripción, la de que los ciudadanos tienen derecho a saber a qué atenerse.
Pero difícilmente pueden los ciudadanos ver materializado ese derecho cuando quienes deberían hacerlo no responden a ninguna de las lógicas preguntas que surgen ante una situación tan crítica, y convierten los gabinetes de comunicación de sus gobiernos en gabinetes de persuasión. De tal manera que los ciudadanos, lejos de ver aplacada su comprensible preocupación, se encuentran o con un muro de silencio o con un confuso amasijo de presuntas explicaciones completamente insatisfactorias (por inconsistentes, contradictorias o ambas cosas a la vez).
Estoy dispuesto a aceptar, parafraseando a Pascal, que la razón de Estado tiene razones que la razón común no conoce. Pero eso es cosa bien distinta a que las presuntas explicaciones carezcan de la más mínima racionalidad, opción inadmisible por lo que supone de falta de respeto a la ciudadanía. La cual puede entender sin dificultad que conviene tener buenas relaciones con los vecinos, pero no termina de entender que los principios se saquen a pasear a conveniencia, o se utilicen como arma arrojadiza en función de un mero interés coyuntural. Por resumir esta perplejidad en una pregunta de formulación -lo reconozco- algo simplista: ¿Es Mohamed VI más respetable políticamente que Trump o, sencillamente, más temible?