Iñaki Ezkerra-El Correo
- No es que la situación de Ceuta demande el estado de alarma, sino incluso el de emergencia nacional
Han trascurrido veintitrés días desde el asalto masivo a Ceuta, pero el Gobierno español sigue sin decretar el estado de Alarma. Como Mónica García sigue aún negando la crisis sanitaria que desde el primer día han denunciado los médicos y que ahora están denunciando también las enfermeras. La pregunta obvia y casi filosófica es a qué responde esa cerrazón, ese empeño en no dar el brazo a torcer, esa negativa tajante a adoptar unas medidas básicas que frenarían por de pronto la indignación ciudadana y las justas críticas que están lloviendo sobre el Ejecutivo de Sánchez y su ministra de Sanidad. ¿Estamos ante un caso insólito de soberbia, estrategia política, mala fe o estupidez simplemente? Pasó otro tanto con la dana valenciana de octubre de 2024. Tampoco se declaró el estado de alarma y nos topamos con la misma frialdad por parte de Sánchez o de la propia Teresa Ribera, que aún en esas fechas iba de ministra para la retórica Transición Ecológica y de vicepresidenta tercera del Gobierno de la inhibición.
En aquella ocasión se explicó ese comportamiento como táctica política: actuaban así para que Mazón pagara sus errores y se cociera en su propia salsa. Pero ahora ni siquiera hay esa excusa y uno hace de veras lo posible por comprender. ¿Estamos ante un ‘modus operandi’? Ha llegado esta gente a la conclusión de que la inacción y la negación de la realidad son políticamente rentables? Y luego está la sonrisa. ¿De qué se ríe Mónica García cuando posa ante las cámaras? ¿De qué se ríen todos los miembros de este Gobierno marciano?
La negación de la realidad. La misma que vemos hoy ante la Ceuta desamparada la vimos ante la tragedia de Valencia. Y, antes que en esos dos casos, la pudimos ver ante la ley del ‘solo el sí es sí’ que puso en la calle a más de un centenar de agresores sexuales y supuso para otros 1.200 reducciones de condena mientras Irene Montero seguía en sus trece, orgullosa de la reforma y culpando a los jueces de los beneficios penitenciarios hasta que, dado el carácter sensible del tema para la izquierda, se decidió, ignorando la defensa numantina de la entonces ministra, rectificar el Código Penal.
Esta manera de actuar o, más bien de negarse a hacerlo; este empecinamiento en la pasividad y esta gelidez responden en términos éticos a una deshumanización del poder que nunca había llegado en España a cotas tan altas y explícitas. Siempre se ha dicho que la política requiere sangre fría y conchas de galápago, pero lo que está sucediendo en Ceuta, esa dejación en la protección de la población ya raya con el sadismo. No es que la situación demande el estado de alarma sino incluso el de emergencia nacional. Pero lo más alarmante de todo es el propio Gobierno y su obstinada enajenación.