Más allá de sus diferencias -Marlaska niega que se diera la información que Robles avala por cauces no estrictamente «manuscritos»-, el choque no debe desviar la atención sobre la alarmante falta de diligencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez en dos frentes estratégicos: la obligada vigilancia fronteriza ante Marruecos, conociendo la dudosa fiabilidad del régimen de Mohamed VI por su forma de manejar la presión migratoria a conveniencia -el último sobresalto en el paso ocurrió en 2021, cuando el espigón se convirtió en otro coladero-; y los escasos reflejos de la Administración española para atender a miles de extranjeros llegados sin recursos ni documentos. De no encauzarse con celeridad una acogida que sigue desbordada, la ciudad autónoma puede quedar sembrada de campamentos de refugiados, en una imagen impropia en territorio europeo.

Casi un mes después, el Gobierno ha llegado a este punto sin un relato común. No activó al inicio todas las palancas del Estado para afrontar el aluvión de personas, a pesar de que el presidente denunció «la violación de la integridad territorial de España». Ni ha aprovechado estos 26 días para esclarecer responsabilidades, las suyas y las del país vecino, en un proceso que permita corregir el sinfín de debilidades destapadas por la crisis migratoria. Horas antes de que la ministra de Defensa compareciera en el Congreso, Mohamed VI, que ha permanecido todo este tiempo a 30 kilómetros de la frontera ceutí en su residencia estival de Mdiq, presidía una ceremonia en Rabat en la que el ministro de Asuntos Islámicos se refirió a Ceuta y Melilla como «ciudades ocupadas», llamando a su «liberación». Hacer frente a esta interesada tensión exige diplomacia y un liderazgo firme. Sánchez no puede señalar la extrema gravedad del desafío para luego poner distancia en su retiro vacacional, a la espera de explicarse dentro de otra semana.