Isabel Rodríguez ha convertido el desahucio de Maricarmen en un nuevo enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, pero el discurso de la ministra de Vivienda choca con una votación que tuvo lugar hace apenas una semana en el Congreso. Mientras este miércoles acusaba al PP de no querer proteger a la mujer de 87 años y reclamaba una nueva moratoria contra los desahucios, los diputados socialistas se abstuvieron el pasado martes ante una proposición de ley de Sumar para prohibir que empresas y fondos de inversión compren viviendas.

La iniciativa del socio minoritario del Gobierno pretendía reservar la adquisición de viviendas a personas físicas y limitar así la compra de inmuebles por parte de fondos y empresas. El Congreso rechazó su toma en consideración con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PSOE y el PNV. Era la segunda vez que una iniciativa de estas características llegaba al Pleno y volvía a encontrarse con la abstención de los socialistas.

La contradicción ha vuelto a quedar expuesta este miércoles, después de que el desahucio de Maricarmen, que llevaba 71 años viviendo en su casa del distrito de Retiro, haya terminado ejecutándose. Rodríguez ha defendido en los pasillos del Congreso que su Ministerio «ha hecho mucho» para intentar impedirlo y ha asegurado que el Gobierno llegó a contactar con la empresa propietaria para intentar convencerla de que, por encima de su interés económico, estaba «el carácter social de esta vivienda y la vida de Mari Carmen». También ha explicado que el Ejecutivo trató de mediar para adquirir el inmueble.

Sin embargo, la ministra ha situado el foco de la responsabilidad en la Comunidad de Madrid. En el Congreso ha acusado al PP de provocar la situación por «la insidia y las mentiras» de los populares y por no querer votar a favor de medidas contra los desahucios. Fuera de la Cámara ha ido más allá y ha acusado a Ayuso de poner «una alfombra roja» a los fondos buitre que adquirieron el inmueble de Maricarmen.

El PSOE se abstuvo hace ocho días

El discurso de Rodríguez se produce apenas una semana después de que el PSOE se desmarcara de Sumar en una votación directamente relacionada con el papel de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario. La iniciativa no planteaba específicamente impedir el desahucio de Maricarmen, pero sí buscaba impedir que empresas y fondos pudieran comprar viviendas, precisamente uno de los elementos que Sumar vincula con la especulación inmobiliaria.

La formación de Yolanda Díaz reaccionó con dureza a la abstención socialista. «¡No tenéis vergüenza! La semana pasada llevamos una ley para frenar la compra especulativa de fondos buitres… y para sorpresa de nadie el PSOE se abstuvo«, reprochó su portavoz, que acusó a los socialistas de impedir incluso que la propuesta pudiera comenzar su tramitación parlamentaria.

El resultado fue especialmente significativo porque la iniciativa partía del propio espacio político que comparte Gobierno con Pedro Sánchez. No salió adelante, pero la abstención del PSOE permitió que sus socios de la izquierda no pudieran sacar adelante la toma en consideración.

«Hemos hecho mucho»

La defensa de Rodríguez se apoya en que el Gobierno ha intentado intervenir en el caso concreto de Maricarmen. La ministra ha recordado que el Ejecutivo respaldó la petición de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo y que su departamento intentó mediar con la empresa propietaria. También ha reclamado que PP y Junts permitan recuperar la moratoria antidesahucios para personas vulnerables.

Pero la propia situación de Maricarmen vuelve a poner en cuestión hasta dónde llegan esas herramientas. La mujer ha terminado abandonando la vivienda después de varios intentos de desahucio y tras meses en los que distintas administraciones han intervenido sin conseguir garantizar que pudiera permanecer en su casa. El Ministerio sostiene que intentó negociar con la propiedad, mientras que el Ayuntamiento de Madrid asegura que sus servicios sociales han mantenido el seguimiento del caso y que ofreció recursos de alojamiento que la afectada rechazó.

La ministra ya había defendido la actuación de su departamento la semana pasada, antes de que se ejecutara el desahucio. En una entrevista publicada entonces reconoció que le habría gustado llegar «más lejos» con el decreto de vivienda que se encuentra bloqueado en el Congreso y sostuvo que el Ministerio había mediado con los propietarios a través de Casa 47. Rodríguez llegó a afirmar que en Madrid existe «la ley de la selva» y que ella no puede «poner una pistola a Ayuso» para que ejerza sus competencias.

El caso deja así un nuevo choque entre el discurso del Gobierno y la realidad de las medidas que consigue sacar adelante. Rodríguez reclama ahora al resto de grupos que aprueben nuevas herramientas contra los desahucios y acusa al PP de ponerse del lado de los fondos. Pero hace solo ocho días el PSOE decidió abstenerse ante una propuesta de Sumar destinada precisamente a limitar la presencia de fondos y empresas en la compra de viviendas.

Mientras la ministra insiste en que el Gobierno «ha hecho mucho», Maricarmen ya ha perdido la vivienda en la que llevaba más de siete décadas. Y el Ejecutivo vuelve a reclamar una nueva solución legislativa para un problema que lleva ocupando el discurso de Pedro Sánchez y sus ministros desde el inicio de su etapa en La Moncloa.