El desarme moral de la sociedad occidental y el político de la democracia culminó cuando la tontería del “rechazo de la violencia venga de donde venga” se convirtió en el tópico más popular de los medios de comunicación, empresarios, obispos, educadores, y naturalmente de los políticos a la busca de votos, incluso de policías y jueces cuya profesión es ejercer la violencia legítima del Estado. Y sí, han leído bien: pone violencia legítima del Estado. Es el principio que autoriza a poner multas de tráfico, a que los jueces impongan penas de cárcel y a tener fuerzas armadas contra el posible enemigo.

Como es sabido, el origen intelectual del Estado moderno está resumido en la famosa teoría de Thomas Hobbes: el pacto social consistente en renunciar al derecho a la venganza y violencia privada -aunque sea justa y necesaria como autodefensa- para cederla al Estado (ceder la libertad al soberano, decía el filósofo inglés), siempre y cuando nos garantice seguridad, orden y justicia imparcial para todos.

En la época de Hobbes, y de Gracián, Spinoza y Grocio, nadie inteligente se hacía ilusiones sobre los verdaderos móviles del poder tras las atrocidades de las guerras de religión, supuestamente desatadas por el amor a Dios. La solución parecía ser el desarme privado y el monopolio de la violencia por los poderes legítimos, consentidos por los gobernados. Puro sentido común, ¿no? No para todos, porque no sólo los delincuentes lo rechazan, obviamente, sino quienes aspiran al asalto del poder político: sectas político-religiosas, aspirantes a tirano, partidos extremistas y, lo que es peor, tontos de capirote.

Palabras prohibidas

Siendo yo un joven profesor, Antonio Beristain, introductor de la criminología en España, me invitó a dar una conferencia sobre el tema a un selecto grupo de criminólogos en ciernes que incluía juristas, asistentes sociales y hasta algún policía. Casi hubo desmayos de santo horror cuando defendí que todo el mundo tiene “derecho natural” a la venganza por las injusticias que le hagan, pero que como ejercerla es la vía segura a la guerra de todos contra todos, delegarla al Estado, es decir, a sus tribunales y policía, es una exigencia ética, jurídica y política de puro sentido común. No me volvieron a invitar nunca más, qué cosas.

Aprendí pues que no sólo jóvenes estudiantes aficionados a la marihuana y la revolución romántica -fui de los segundos no hacía tanto- negaban al Estado el monopolio de la violencia legítima autorizada por la Constitución y el Código Penal, sino que muchos futuros jueces, fiscales, políticos y policías rechazaban asumir su verdadera función. Preferían el pacifismo infantil de Imagine, la teoría confusa de que “toda violencia es un fracaso de todos”, e imaginarse árbitros benevolentes de la delincuencia, fuera aparcar donde está prohibido, violar niños o asesinar a un policía o político sólo por ser español (eran los años de plomo con ETA). Naturalmente, el resultado seguro de tanta ceguera emotiva y cobardía moral era el aumento de la violencia a medio y largo plazo. En eso estamos.

Cambiar el nombre de las cosas

Sin embargo, el monopolio estatal de la violencia nunca era puesto en duda por las fuerzas políticas antisistema, pero sólo estaba justificada en su Estado partidista, necesario para imponer la utopía revolucionaria de turno y, menos confesable, tener la totalidad del poder. Todo está permitido a la república jacobina, dictadura del proletariado, comunismo libertario, liberación nacional o como se prefiera llamar al invento; es más, el terror deviene saludable y muy necesario para erradicar preventivamente toda oposición. Y atención, esto es lo que creen muchos que rechazan el fin del sanchismo.

La extrema izquierda ha sabido cambiar el nombre de las cosas, y gracias a su ascendiente cultural -pues la derecha aceptó que la cultura es algo de izquierdas desde la revolución francesa- exportarlo al lenguaje mayoritario. Decir “violencia legítima del Estado” deviene tabú para adoptar eufemismos débiles como “interpretación constructiva de la ley”, “negociación consensuada de conflictos” y otros flatus vocis similares.

Pocos comprenden que el control del poder comienza por el lenguaje del poder, armando el propio y desarmando el lenguaje rival. Por eso llaman “lucha armada” al terrorismo y “protesta social” a la ocupación de la plaza pública, el vandalismo y la intimidación de la oposición: lo de Bustinduy amenazando a los diputados que rechazaran los decretos de Sánchez para la destrucción del mercado de la vivienda, y amenazando cobardemente en sede parlamentaria.

Por fortuna, hoy no hay milicias armadas de partido ni la mayoría ve la guerra civil inevitable o aconsejable, como en 1936. Pero el periodismo mayoritario se presta muy a gusto a este juego, y así hemos visto agencias de comunicación y muchos medios, empezando por las televisiones generalistas, llamar “protesta social” a la ocupación de la Puerta del Sol por la alianza de activistas y lumpen perroflauta. Y “crisis humanitaria” a la invasión marroquí de Ceuta. O a la destrucción de institutos de enseñanza media en Francia por una intifada islamo-izquierdista que, de creer a Reuters, la BBC, CNN y muchos medios sensibles, tiene causa razonable en las “malas condiciones de la educación pública en Francia”, donde la escuela es un orgullo nacional y cuenta con magníficas instalaciones.

Asustar a los asustados

El activismo de extrema izquierda, en realidad minúsculo, puede ocupar la calle con facilidad tanto por la protección del Gobierno como por el desarme moral y político de la mayoría confusa. Saben que el Estado no va a reprimirles, ni a defender la legalidad, porque muchos tienen más miedo a la reacción de los violentos que a perder la democracia, que es tanto como su derecho a la seguridad, la justicia y la libertad personal. Pero muchos no lo comprenden, o no lo quieren ver, hasta que les afecta directamente.

La impunidad con que la extrema izquierda (PSOE incluido hoy en día) ataca al Estado de derecho es una consecuencia del desarme moral mayoritario, del sentimentalismo pacifista incoherente y de la cesión del lenguaje a los enemigos de la democracia liberal. Ellos no tienen el menor problema en hacerse con el poder a través de la violencia. El problema actual es no saber decir ¡basta ya! a todo eso asumiendo con claridad principios como el del monopolio del Estado de la violencia legítima, la del Estado de derecho.