Editorial-ABC
- La violencia en torno a los institutos exige firmeza, pero también retrata a un Estado incapaz de garantizar lo básico dentro y fuera del aula
La misma semana en que Emmanuel Macron cerraba en Madrid su visita de Estado, defendiendo junto a Felipe VI y Pedro Sánchez una Europa más fuerte y competitiva, una protesta estudiantil se convertía en Francia en un problema de orden público de alcance nacional. Lo que empezó a mediados de septiembre con bloqueos en institutos de la periferia parisina alcanzó el jueves a más de mil de los 3.700 liceos del país. Ese día fueron detenidas casi 2.000 personas y resultaron heridos 305 policías y gendarmes. El viernes, pese a que las autoridades cerraron 400 centros y prohibieron manifestarse ante ellos, hubo acciones en 735, y los detenidos desde el lunes superaban los 5.000, en su gran mayoría menores. Hay 65 trabajadores de la enseñanza heridos, 40 de ellos directores, y la Fiscalía de Belfort investiga como intento de homicidio la agresión a un policía al que patearon en el suelo.
El origen de la protesta no es frívolo. Los alumnos denuncian «aulas de más de treinta estudiantes», profesores que nadie sustituye, horarios agotadores y edificios degradados, en algunos casos con goteras y sin agua en los baños. Son quejas verificables, pero nada las convierte en coartada para incendiar un instituto o agredir a un agente. El propio ministro de Educación, Édouard Geffray, reconoce que buena parte de los violentos no son estudiantes, sino individuos ajenos a los centros. La distinción importa: permite perseguir a quienes queman sin criminalizar a quienes protestan.
Hay además una responsabilidad política. El Gobierno de Sébastien Lecornu acusa a La Francia Insumisa (izquierda radical) de instrumentalizar a menores y de manipular políticamente el movimiento después de que algunos de sus dirigentes alentaran la extensión de los bloqueos. El Ejecutivo acierta al exigir una respuesta policial y judicial firme. Y precisamente porque la fuerza del Estado es legítima, debe ser escrupulosa: las investigaciones abiertas por las heridas que los agentes han causado a varios alumnos no debilitan la autoridad, la refuerzan.
Pero reducir la crisis al orden público sería quedarse en la superficie. El mismo jueves en que ardía la entrada de un instituto en Nantes, el Gobierno presentaba unos presupuestos para 2027 que congelan los sueldos de los funcionarios. Ese desafío concentra buena parte del problema. Francia necesita reducir su déficit y, a la vez, garantizar un profesor en cada aula, cuando según los sindicatos dos de cada tres centros empezaron el curso con la plantilla incompleta. Geffray no recibió a los representantes estudiantiles hasta el viernes, y su promesa de acelerar las sustituciones llega tarde y sin cifras.
El desorden en la puerta y el abandono dentro del aula son dos caras del mismo fallo de capacidad del Estado. Una Francia que aspira a liderar Europa debe empezar por algo más modesto: abrir sus institutos cada mañana, llenarlos de profesores y garantizar que nadie los incendie. Escuchar a los estudiantes y perseguir a los violentos no son concesiones a bandos opuestos. Son dos expresiones de una misma obligación: que la República vuelva a ejercer plenamente la autoridad que se le exige dentro y fuera de las aulas.