La crisis que atraviesa Francia constituye una advertencia para España: cuando los partidos subordinan la gobernabilidad al puro cálculo electoral, el Estado pierde autoridad, las instituciones se debilitan y los extremismos prosperan. Las recientes movilizaciones, acompañadas de graves episodios de violencia y saqueo, son la manifestación de un deterioro simultáneo de las finanzas públicas, la cohesión social y la representación política. Emmanuel Macron concluye su segundo mandato con una sociedad dividida y unas instituciones incapaces de articular mayorías estables. Francia demuestra que el populismo no resuelve las crisis democráticas, sino que termina agravándolas.

La primera lección es política. La fragmentación parlamentaria ha convertido cualquier reforma en una batalla de supervivencia. El debilitamiento del centro favorece a Reagrupamiento Nacional ante las presidenciales de 2027. España debería comprender que el aislamiento de la derecha radical no puede descansar en cordones sanitarios ni en su utilización como instrumento de confrontación. La fortaleza de las instituciones consiste en encauzar democráticamente los radicalismos, no en alimentar su crecimiento. Es una exigencia especialmente relevante en España, donde el populismo ha penetrado transversalmente en el sistema político. Cuando la política se organiza alrededor de la exclusión del contrario, la gobernabilidad termina siendo imposible.

La violencia callejera representa la expresión más peligrosa de esa degradación. Sectores de la izquierda radical implicados en los disturbios pretenden conquistar mediante la presión callejera lo que no consiguen en las urnas. La protesta pacífica constituye un derecho fundamental, pero los incendios, los saqueos y los ataques a la Policía son incompatibles con la legalidad democrática. España conoce también las consecuencias de relativizar la violencia cuando procede de organizaciones ideológicamente próximas al poder. Ninguna reivindicación social concede legitimidad para sustituir la representación política por la intimidación. La autoridad del Estado debe ejercerse con proporcionalidad, pero sin complejos.

La segunda enseñanza es económica. Francia dedica más del 57 por ciento de su PIB al gasto público y, sin embargo, acumula una insatisfacción creciente con sus servicios esenciales. Su deuda ronda el 119 por ciento del PIB. La magnitud del gasto social no garantiza la eficacia del Estado. España, pese a disfrutar de mayor crecimiento, cometería un error si confundiera la expansión del gasto con mejores prestaciones. El populismo promete derechos sin explicar cómo financiarlos y traslada sus costes a las generaciones futuras. La disciplina fiscal, la productividad y la evaluación del gasto constituyen garantías de sostenibilidad del bienestar, no amenazas contra él.

La cohesión social plantea otra advertencia. Las dificultades del modelo francés de asimilación muestran las consecuencias de permitir que se consoliden territorios de exclusión y desafección institucional. La integración requiere oportunidades educativas y laborales, pero también respeto a las leyes, igualdad entre hombres y mujeres y aceptación de los valores constitucionales. España debe evitar tanto la estigmatización colectiva como la ingenuidad de suponer que la convivencia se garantiza por sí sola. Sin obligaciones compartidas no existe ciudadanía compartida. La escuela resulta decisiva. Las protestas iniciadas en centros educativos reflejan problemas de recursos, pero también obligan a reivindicar la autoridad del profesor, la disciplina académica y el mérito. España debe superar modelos paternalistas que confunden inclusión con ausencia de exigencia.

La conclusión francesa es inequívoca: una democracia no puede sostenerse sobre promesas ilimitadas de gasto, instituciones debilitadas y una autoridad cuestionada. España aún puede evitar esa deriva. Para ello necesita recuperar la responsabilidad política, el respeto a la legalidad y la capacidad de gobernar por encima de la confrontación partidista. El peor error sería considerar extraña una crisis cuyas causas están también presentes en nuestro país.