Editorial-ABC
- La democracia no consiste en conceder impunidad a quienes dicen defenderla
Más de un centenar de detenidos, quince policías heridos y numerosos comercios saqueados. Es el balance de los disturbios registrados en Barcelona en la madrugada de este domingo, una muestra más de un clima de violencia que determinados sectores de la izquierda justifican, jalean o consienten. No se trata de episodios aislados, sino de una dinámica que amenaza con convertir el espacio público en un territorio de intimidación. Bajo causas tan legítimas como la vivienda o la educación se cobijan movimientos cuya deriva violenta desfigura cualquier reclamación original. Ha sucedido con la acampada de la Puerta del Sol, cuyas reivindicaciones sobre la vivienda son ya irreconocibles, y ha vuelto a ocurrir en Barcelona. También sucede cuando Vox celebra actos públicos y sus representantes son recibidos con amenazas y agresiones por grupos que invocan un supuesto ‘antifascismo’ para justificar la vulneración de los derechos y libertades de quienes no piensan como ellos.
Se criminaliza a quienes sufren la violencia mientras se justifica a quienes la ejercen. La misma lógica permite que los herederos políticos de una banda terrorista se presenten como aliados de la democracia, mientras partidos constitucionalmente legítimos son señalados como una amenaza. Que Ada Colau haya justificado los disturbios de Barcelona atribuyendo la responsabilidad última a la derecha ilustra hasta qué punto se ha extendido esta forma de exculpación política. La responsabilidad no se limita a quienes participan directamente en los disturbios. También alcanza a quienes contribuyen a crear un clima de permisividad en el que la ocupación, la marginalidad y la violencia encuentran cobertura. Barcelona lleva años padeciendo las consecuencias de una gestión que ha deteriorado la convivencia. Que ahora se pretenda presentar los destrozos como una reacción comprensible frente a la derecha no hace sino agravar el problema.
El Gobierno de Pedro Sánchez tampoco puede desentenderse de esta deriva. Desde su llegada a la Moncloa, se ha asociado con formaciones cuya relación con el Estado de derecho resulta, cuando menos, problemática. Esa disposición a blanquear a sus socios mientras demoniza a la oposición contribuye a erosionar los límites que deberían separar la legítima discrepancia de la coacción. La acampada de Sol, que hoy cumple un mes, las protestas universitarias y otros episodios de movilización ofrecen ejemplos de cómo reivindicaciones inicialmente reconocibles pueden acabar instrumentalizadas por organizaciones radicales. Los disturbios que sacuden otras capitales europeas deben servir de advertencia. España no puede permitirse importar ni reproducir dinámicas que conviertan la calle en un escenario de enfrentamiento permanente, aún menos en vísperas electorales. La democracia no consiste en conceder impunidad a quienes dicen defenderla, sino en garantizar que todos puedan ejercer sus derechos sin miedo a ser agredidos. Ninguna causa justifica el saqueo, la intimidación o el ataque a la Policía, y ningún gobierno puede reclamar autoridad moral mientras mira hacia otro lado cuando la violencia beneficia a sus intereses.