EL MUNDO 16/05/13
VICTORIA PREGO
«¿Qué podemos esperar de aquéllos que aspiran a gobernar un país sin estar dispuestos a respetar la legalidad vigente?». Esta frase da para mucho y es aplicable a muchos más de los que fueron ayer sus destinatarios. No se hace una idea la señora Beltrán de Heredia, consejera vasca de Interior, del juego que darían sus palabras si las repitiera tal cual en un pleno del Parlamento catalán.
Viniendo de una conspicua militante del PNV, una nacionalista acreditada, por tanto, es seguro que dejaría cabizbajos a los independentistas catalanes, empeñados tercamente en convencer al mundo democrático de que no es la ley la que está por encima de todo, sino que hay unas cuantas cosas que están por encima de la ley y que ya irán diciendo ellos.
Pero la señora Beltrán de Heredia tuvo ayer un comportamiento lamentable, excepción hecha de la frase citada –que, de todos modos, formuló cuando ya era demasiado tarde–. Porque la actuación policial en cumplimiento de la ley no se dilata en el tiempo, ni se negocia, ni se pacta, ni se chismorrea con los colegas, ni se utiliza para hacer compañerismo político y hacerse perdonar la acción represiva contra la militancia abertzale.
Si no resultara tan penoso, parecería un chiste sobre la España de los 50
Y todo eso lo hizo la consejera vasca de Interior, que no tuvo la altura política y profesional exigibles para impedir que esta exhibición de resistencia proetarra se haya prolongado durante cinco días. Cinco interminables días en los que cualquier demócrata –de los de verdad, no de los de boquilla– pensó que el Gobierno vasco no se atrevía a reprimir y desalojar a los radicales que protegían a una persona condenada por colaborar con ETA.
Y no es únicamente un problema de gasto económico, como ha dicho Urkullu, sino de responsabilidad en el ejercicio del poder. La orden de esperar hasta ayer para actuar fue una injustificable decisión política, que la Ertzaintza cumplió finalmente con profesionalidad.
Y, tal para cual, la portavoz Mintegi amenazó a la Policía autonómica con llamar a la consejera de Interior, cuyo teléfono personal tenía en su poder, dijo arrogante. Y no sólo eso: que la consejera le había encargado a ella, ¡a ella!, que la cosa no se saliera de sus cauces. Así que es la portavoz de los diputados proetarras la que pretende dar órdenes a los ertzainas sobre cómo comportarse. Y, si no, aténganse a las consecuencias, sugirió. El latiguillo autoritario y paleto del «no sabe usted con quién está hablando» recobró vida en Ondárroa ayer.
Si no fuera políticamente tan penoso, parecería un chiste sobre la España de los años 50. Pero no es una broma sobre un tiempo raído, sino el retrato de un paisaje actual y sombrío, en el que el poder institucional retrocede y, temeroso, opta por medirse de igual a igual con quienes desafían en la calle a la ley y a los tribunales. Y, de ese modo, se deja vencer.