EL CORREO 22/01/14
· El PSE presentará hoy en el Parlamento una iniciativa para conocer el texto entregado por Urkullu a los líderes abertzales.
El documento que el lehendakari Urkullu y el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, hicieron llegar a Sortu en octubre «sigue teniendo pleno vigor» y el Gobierno vasco continuará defendiendo los principios y propuestas que en él se contienen como vía para lograr, lo antes posible, un final «ordenado, verificable y completo» de ETA. Ése es el mensaje que el Ejecutivo de Vitoria quiso trasladar ayer, después de que la operación policial contra los interlocutores de los presos de ETA precipitara la filtración del texto ‘Un esquema para una hoja de ruta’, una oferta manuscrita del lehendakari a la izquierda abertzale para cerrar los flecos pendientes en el proceso de paz.
Una vez que ha visto la luz, el Gobierno ha preferido confirmar su existencia para evitar que pudiera interpretarse como un camino pactado en connivencia con Sortu. El portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, reconoció ayer que la iniciativa no ha cristalizado en el objetivo que perseguía –el final «ordenado» de la banda– pero subrayó que el Ejecutivo seguirá intentándolo.
«No ha tenido el resultado inicialmente deseado porque no se ha logrado el final ordenado que se pretendía, pero el Gobierno no renuncia al propósito de seguir proponiendo iniciativas con esta misma finalidad», advirtió Erkoreka, que subrayó que el Ejecutivo en ningún caso podía quedarse «de brazos cruzados» frente a «una ocasión tan excelente» para consolidar la paz «de manera definitiva e irreversible». De hecho, el Gabinete Urkullu, que nunca ha ocultado la implicación directa y personal del lehendakari en la pacificación y sus contactos «discretos» con la izquierda abertzale y con los distintos grupos internacionales de mediadores y verificadores implicados en el proceso, asegura que fue el «inmovilismo» de Mariano Rajoy el que le movió a asumir un papel protagonista, decidido a romper un «bloqueo inaceptable».
Sus rivales políticos recelan, no obstante, de sus intenciones y creen que, en realidad, Urkullu pretende rentabilizar en su provecho el final definitivo de ETA. Al destinatario de la oferta, la izquierda abertzale, no le ha gustado la actitud del PNV, a quien pidió «responsabilidad» para no volver a desvelar contactos de este tipo. Uno de los dirigentes de Sortu con mayor peso en el partido, Joseba Permach, expresó el malestar de la formación. El dirigente abertzale reprochó a Urkullu que su Gabinete haya dado detalles sobre esta propuesta y demandó «altura de miras» para no condicionar los pasos que puedan darse en una materia «tan sensible».
Tampoco al PSE le agradó el comportamiento del Gobierno autónomo. Erkoreka aseguró en su comparecencia de ayer que había «otros partidos políticos» al corriente de esta iniciativa. Algo de lo que los socialistas negaron tener conocimiento. De hecho, el partido de Patxi López registrará hoy mismo en la Cámara una solicitud de información documentada para conocer por los cauces oficiales el contenido de la propuesta.
Pese a la irregular acogida de su iniciativa, Erkoreka hizo una defensa encendida de los «principios» que recoge el texto, que a su juicio «sigue siendo válido» para lograr que ETA abandone las armas y se disuelva de manera «ordenada». En su opinión, los planteamientos son pilares «compartidos por el grueso de las formaciones políticas del país». «Seguiremos defendiéndolos en el futuro en toda iniciativa para propiciar el fin ordenado de ETA. Vamos a seguir jugando con ellos para plantear iniciativas con la izquierda abertzale y otros partidos», avanzó el portavoz en referencia a las cuatro propuestas centrales del documento, dos de ellas cumplidas y otras dos pendientes.
Desarme «material»
Entre estas últimas, falta por concretarse la declaración de reconocimiento del «daño injusto» provocado por ETA, un paso que el Gobierno vasco quería que se hubiese producido en noviembre y para el que exigía garantías de ser pactado y aceptado por la dirección de ETA y por los presos. Ese pronunciamiento, más allá de la declaración del Kursaal de febrero de 2012 que Ajuria Enea considera «insuficiente», no se ha producido aún.
El Gabinete Urkullu tampoco ha obtenido respuesta a su exigencia de que ETA inicie su desarme. El Ejecutivo instaba a que se llevara a cabo un gesto antes de que concluyera el actual mes de enero. La propuesta incluía una declaración de abandono «material» de las armas junto al «compromiso de un calendario con los próximos y definitivos pasos» a dar por la banda.
Un movimiento que tampoco se ha producido pese a que en Ajuria Enea confiaban en que se materializara en diciembre y que tanto el lehendakari como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, han situado ahora en un plazo máximo de seis meses, que podría ser sensiblemente menor según algunas fuentes. Erkoreka insistió ayer en que, si el Ejecutivo central «no se presta» a verificar la entrega de arsenales, el Gobierno vasco sigue persuadido de que podrían hacerlo los grupos internacionales
La necesidad de integrar a las cuatro grandes familias políticas del país y el reconocimiento de la legalidad penitenciaria por parte de los presos de ETA eran los otros dos pilares básicos de la propuesta gubernamental. De ahí el altísimo valor que el Ejecutivo vasco concedió a la declaración del EPPK del pasado 28 de diciembre y el monumental enfado con que acogió la posterior operación policial que desembocó en la detención de Arantza Zulueta y otros siete interlocutores del colectivo oficial de presos.
Frente a los pasos que debía dar la izquierda abertzale y ETA, el Ejecutivo de Urkullu se comprometía a consensuar un plan de trabajo respecto de la ponencia de paz del Parlamento y del ‘foro social’, la plataforma impulsada por Lokarri para consolidar la paz.
EL CORREO 22/01/14