Para alcanzar estos objetivos se convoca un concurso de méritos entre profesionales del sector que deben comparecer ante un comité de acreditados expertos para que los califiquen. Se exige la presentación de los currículums de los concursantes, así como su proyecto de gestión de la radio y televisión públicas. Este comité, con mucha diligencia, emite su fallo. Sin embargo, por razones legales, deben atenderse las impugnaciones ante los jueces que alegan algunos concursantes y se dilata la resolución definitiva que, por fin, depuradas las cuestiones legales, adquiere firmeza. Según las reglas del concurso, el Congreso y el Senado debían escoger, entre los veinte mejor calificados, a los diez miembros que formarían parte del Consejo de Administración del ente público.

Por lo visto, a los grupos parlamentarios no les satisfacen las calificaciones adoptadas según los criterios técnicos del comité de expertos y buscan la manera de anularlas. Para ello piden un informe a los letrados parlamentarios y éstos consideran que la resolución no respeta la ley que regula la paridad de sexos. Era la excusa que necesitaban los partidos para designar, sin límites, a los miembros del Consejo. Entonces resuelven que la resolución del comité de expertos carece de valor y deciden que todos los presentados, más de noventa, están en igualdad de condiciones para acceder a estos cargos, lo cual les permite repartirlos libremente entre sus adictos. Finalmente, en el colmo de la desfachatez, los grupos parlamentarios dominantes deciden previamente quien debe ser el presidente e, incluso, hacen público los nombres de los elegidos por el Senado antes de que se reúna para votarlos.

Y sin embargo, tiene mucha importancia porque es una manifestación más de partitocracia, una de las degeneraciones más peligrosas de la democracia porque instaura en el poder a una nueva aristocracia, una élite formada por el núcleo dirigentes de los partidos. Esta partitocracia es, junto al populismo, el principal instrumento para subvertir, desde el interior de las instituciones del Estado, el sistema constitucional democrático ya que implica la progresiva laminación de la división de poderes, principio básico y garantía necesaria de un régimen de libertades.

 Algunos pensarán que si a los miembros del Consejo de Administración de RTVE lo deben elegir las cámaras, encontrarán natural que sean los parlamentarios quienes les designen por tratarse de un ente público. Ello sería así en el caso de órganos cuya función es representar, directa o indirectamente, a los ciudadanos, por ejemplo, los órganos parlamentarios internos o el mismo Gobierno. Sin embargo, sucede de forma distinta en instituciones de otro carácter, como el Consejo de Administración de RTVE, cuya función básica es de naturaleza técnica: garantizar unos medios de comunicación públicos neutrales, objetivos y de calidad.La lógica de los órganos representativos es una, la lógica de los órganos técnicos es otra. De acuerdo con esta distinción, es más fiable el acuerdo razonado de un comités de expertos que las decisiones de las fuerzas políticas adoptadas por criterios partidistas. Repartirse las instituciones públicas de carácter técnico por cuotas partidistas, es desviarse de la función que les corresponde a los parlamentos en las democracias liberales. Ello sucede en España. Los partidos se apoderan de las instituciones del Estado y deciden arbitrariamente sobre lo público porque lo consideran patrimonio propio.

 Nuestro sistema constitucional es una democracia plena desde el punto de vista de su estructura pero funciona de forma muy imperfecta: por un lado la partitocracia, por otro el populismo, ambos son los dos grandes riesgos para que las democracias se suiciden. La regeneración democrática, especialmente la regeneración de los partidos políticos, resulta indispensable.