Cuánta razón tiene Felipe González al exigir a Pedro Sánchez que «diga con claridad que en el marco constitucional no caben ni la amnistía ni la autodeterminación».
Y al advertir que «otorgar la amnistía a los líderes del procés sería reconocer que un sistema represor les culpó injustamente por hacer la desconexión de la Constitución y el Estatut».
Y al subrayar que, si llega la amnistía, «no sólo se borrará el delito, sino que se estará condenando al ordenamiento jurídico democrático, dando la razón a los que se han rebelado».
Y al alertar, «por consiguiente» —esta es su única expresión característica que rescato del pasado—, que»eso permitiría a los amnistiados decir yo hice lo correcto y puedo volver a hacerlo«.
Y al sostener, como base de su argumentación, que si «para dar un indulto, el indultado tiene que reconocer que se le está perdonando una pena y prometer que no volverá a hacer lo que cometió», mucho más tendría que ser así en el caso de una amnistía.
O sea, lo contrario de lo que hizo Puigdemont el martes, cuando advirtió a todo el que tenga oídos para oír que su partido «mantiene la legitimidad del 1 de octubre y no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso para hacer valer sus derechos».
***
Por eso, cuánta razón tiene Alfonso Guerra y cómo me identifico con sus emociones, por mucho que a él mismo pueda sorprenderle, cuando tilda de «insoportable» lo que está en marcha y exclama: «Me rebelo contra eso, esta amnistía es la condena de la Transición… Es terrible, yo no me resigno: quieren destruir el régimen del 78 y soportar eso es imposible. Lo que está pasando hoy lo veo como la derrota de mi generación».
Y me sumo a su razonamiento lógico, cuando alega que antes de entrar en la «polémica tramposa» de si la amnistía cabe en la Constitución –»que no cabe en absoluto»— hay que «valorar si esa amnistía es justa o injusta, si es un acto puro o impuro».
«Uno mi voz a la del ex vicepresidente Guerra y ‘como demócrata, le pido a Sánchez que no lo haga'»
Y llego a las mismas conclusiones que él, al considerar que no es justa porque, al revés de lo ocurrido en el 77, «se pretende pasar de un sistema democrático a uno no democrático y borrar 45 años de democracia»; y al considerar que no es pura porque, a cambio de «pagar» así la investidura —Asens lo ha reconocido explícitamente—, se consiente que «el 1,6% de la población someta al país en su conjunto».
Y coincido plenamente con él en la descripción del viaje de Yolanda Díaz a Bruselas: «Que una vicepresidenta del Gobierno se marche a negociar con este tipo —el «gánster» Puigdemont— es una infamia que pone patas arriba todo aquello en lo que cree un demócrata».
Y veo acertadísima su imagen de las «rodajitas de salchichón… o más bien de chorizo», tan parecida a la de la jarra de agua que utilizaba Aznar: «Primero piden indultos, luego eliminar el delito de sedición, después modificar el de malversación, ahora la amnistía… y al final se acaba el salchichón». A base de tanto llenar el vaso de las exigencias de los nacionalistas —y el propio Aznar sirvió alguna que otra ronda—, la jarra del Estado constitucional terminará por quedarse vacía.
Por todo ello, uno mi voz a la del ex vicepresidente Guerra y «como demócrata, le pido a Sánchez que no lo haga».
***
Cuánta razón tiene también el exministro, mano derecha de Rubalcaba y hasta hace media década importante dirigente del PSOE, Ramón Jáuregui, cuando sostiene que «la amnistía no es constitucional porque supone una legalización encubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados»; y porque «implicaría una contradicción flagrante con toda la actuación institucional del Estado de los últimos siete años».
Y qué certeramente rompe su silencio la primera mujer que llegó a portavoz del Gobierno, Rosa Conde, cuando es ella la que formula dos preguntas: «¿Cómo es posible que plantee esas exigencias un partido que tiene siete escaños y que sólo representa al 1% de los españoles? ¿Cómo se va a dar la amnistía a un fugado de la justicia que dice que lo va a volver a hacer?».
Y con qué sindéresis resume el biministro Belloch lo que está a punto de ocurrir: «La legalidad se convertiría en moneda de cambio».
«Batet ha preferido poner fin a 19 años de vida política antes que votar lo contrario que hace dos años sobre la amnistía»
Y con qué pragmatismo y ponderación, el siempre sereno y a menudo tibio Joaquín Almunia, antepenúltimo secretario general del PSOE, reclama a Puigdemont una «rectificación política» como paso previo a cualquier negociación: «De momento, por lo que se ve, se escucha y se oye, no hay condiciones para una amnistía».
Y con qué antitética crudeza el expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla hace honor a su sobrenombre de Pepote, clamando que esa amnistía supondría «ciscarse en la Constitución».
Y con qué inteligente autocontrol el presidente Page, único socialista investido en la actualidad con una mayoría absoluta, un hombre de la generación de Sánchez, resume la cuestión, a modo de preámbulo de la batalla que le tocará librar: «No tiene base moral que cualquier delito con un voto más en el Congreso se pueda amnistiar».
[Los cimientos del PSOE se resquebrajan por la amnistía con que Sánchez quiere ‘pagar’ a Junts]
Y con qué precisión quirúrgica un hombre de secano, gran conocedor de la historia, como el expresidente de Aragón y aun líder regional del PSOE, recurre a un símil náutico al advertir que esa amnistía «abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla a pique».
Y, en fin, con qué silenciosa elegancia ha hecho mutis por el foro Meritxell Batet, la número uno de la lista del PSC por Barcelona que, en definitiva, aportó los inesperados escaños adicionales que han permitido la supervivencia política de Sánchez y que, después de haber sido excluida de la reelección como presidenta del Congreso por su coherencia con los principios constitucionales, ha preferido poner fin a 19 años de vida política, antes que verse en el dilema de traicionar esos valores, votando lo contrario que hace dos años sobre la amnistía.
***
Claro que, a efectos del debate ético e intelectual en marcha, nada como el luminoso artículo de Virgilio Zapatero en EL ESPAÑOL, marcando con rigor académico los tres planos de la cuestión.
En primer lugar, el del mercadeo político: «Sería difícil olvidar la imagen emborronada de la investidura si los ciudadanos llegaran a la conclusión de que el candidato ha recurrido a un instituto tan delicado como este del perdón político sólo para acceder al Gobierno».
En segundo lugar, el de sus consecuencias permanentes: «Los efectos de una amnistía van más allá de los cuatro años de vida máxima de una legislatura. No es algo que pueda estar a disposición de una mayoría coyuntural, pues se trata de una decisión que queda blindada para el futuro. Es irrevocable por otra mayoría y sus efectos, irreversibles».
Y en tercer lugar, por su patente inconstitucionalidad, según la imbatible metáfora del oso que el autor oyó de labios del jurista Luis Recasens, ex subsecretario de la República. Se trata de la historia del campesino polaco al que prohibieron subir con un oso al tren y alegó que sólo estaba prohibido hacerlo con perros: «La lógica de lo razonable nos dice que un oso es mucho más peligroso que un perro. Que «prohibido pisar el césped» prohíbe implícitamente y a fortiori arrancarlo de cuajo. Que a minus, ad maius. Que, si los constituyentes habían prohibido los indultos generales como medida de gracia, con mayor razón estaban prohibiendo las amnistías».
***
Alguien podrá pensar que esta ha sido la semana del Poltergeist, de la eclosión de los fenómenos paranormales. Pero, como siempre, para mí tiene mucha más importancia detectar dónde están la verdad y la razón que congeniar con quien la tiene.
No es casualidad que todos y cada uno de estos nombres, con los que reitero públicamente mi plena coincidencia en este asunto, sean o hayan sido dirigentes del PSOE con los que, de forma más o menos acre, he mantenido duros enfrentamientos, o al menos hondas discrepancias, a lo largo de casi medio siglo. Eso denota la trascendencia y la transversalidad de esta cuestión capital a la que nos enfrentamos todos los españoles.
No se trata de una escaramuza más, ni siquiera de otro debate sobre una ley importante. Algún día, querido lector, un amigo, vecino o pariente te preguntará: «¿Y tú de que lado estabas cuando Sánchez se mostró dispuesto a venderse a Puigdemont, imponiéndonos una amnesia obligatoria y selectiva por decreto legislativo, a cambio de las siete monedas de la investidura?».
«Yo esta vez estoy del mismo lado que muchas decenas de dirigentes socialistas que sienten la Constitución tan suya como los liberales la sentimos nuestra»
Y yo responderé, despojando a cualquier antagonista malicioso de la coartada ideológica o sectariamente partidista que demoniza al PP por pactar con Vox, pero no a Bildu y Junts por blanquear el terrorismo y el golpismo: «Pues, mira, yo esa vez estuve del mismo lado que Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia, Rosa Conde, Jáuregui, Page, Lambán, Belloch, Jordi Sevilla, Meritxell Batet y muchas decenas más de dirigentes y exdirigentes socialistas que sienten la Constitución tan suya como los liberales la sentimos nuestra».
¿Y qué hiciste para tratar de impedir lo que estaba en marcha? «Pues, mira, propuse un domingo en EL ESPAÑOL que se constituyera una amplia Plataforma cívica, inspirada en la famosa Platajunta que, a comienzos de la Transición, reunió a comunistas, socialistas, democristianos, liberales y hasta carlistas para exigir que España se convirtiera en un Estado de derecho, en el que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Era una plataforma heterogénea en la que confluían partidos, asociaciones de toda índole y personalidades independientes. No estaban de acuerdo en casi nada más, pero tenían muy claro lo que no querían que sucediera en España».
Aquella Platajunta nació para impulsar un proceso constituyente. Ahora necesitamos algo equivalente, aunque sea virtual, de móvil a móvil, para impedir un proceso destituyente. No propongo una moción constructiva para postular a Feijóo o ningún otro candidato alternativo a Sánchez. Propongo una moción destructiva de la destrucción. Un plantarse en medio de la calzada o las redes de internet y decirle respetuosamente al presidente: «Escúchenos, señor Sánchez: por este camino, no».
El coordinador que lo coordinare, buen coordinador será.
[Sánchez acepta pactar la amnistía con Puigdemont pero no aprobarla antes de su investidura]
Porque la alternativa es el fatalismo, quedarse en casa tocando el clavicordio y dando por muerta la conciencia crítica del pueblo español. Pero algunos nunca hemos servido para eso. Y menos cuando se ha fundado un periódico con la misma cabecera que el que fundó Blanco White en 1810 en Londres con una firme idea en la cabeza: «No porque la situación de España sea muy triste al presente, se han de cerrar los ojos a la esperanza».
Pocas veces la cita de Virgilio que encabezaba el primer número de aquella primera versión de EL ESPAÑOL ha venido tan a cuento: «At trahere atque moras tantis licet addere rebus«. Es la expresión que utiliza la diosa Juno en la Eneida para advertir que, aunque no podrá impedir que se cumpla el destino —y ya veremos cual es ese destino—, «al menos será posible dilatar las cosas y poner obstáculos». Por nosotros no quedará.