No resulta fácil de creer, pero han pasado diez días desde que el Gobierno consiguió sacar adelante dos de los tres decretos-ley que había presentado al Congreso y todavía no tenemos una constancia por escrito de lo allí acordado. Junts presentó el mismo día su versión maximalista de lo que, según ellos, habían acordado, mientras que el Gobierno se ha limitado a restar importancia a los acuerdos. En el que mayor desconcierto ha causado, la inmigración, los primeros hablan de «transferencia integral» de la materia, algo que todos los expertos y el mismo Gobierno consideran imposible de conciliar con la Constitución. Y el Govern, que lo debería de aplicar, lo ve con recelo, quizás por su ausencia en la negociación y su miedo a envolverse en el tufo xenófobo de la postura de Junts.

Con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sucede algo similar. El movimiento, exigido por Junts obliga a eliminar el artículo que suspende los trámites judiciales si el juez encargado de ellos decide acudir con carácter previo a los tribunales europeos. Pero allí donde unos -los de Junts- ven la garantía de que la ley de amnistía surtirá sus efectos al garantizarse su aplicación, Bolaños asegura que nada cambiará, sin explicar por qué se arriesga a cambiar la ley si después no van a cambiar ninguno de sus efectos procesales.

Por su parte, con la eliminación de la llamada ‘cláusula Guindos’, unos ven abierta la posibilidad de una pronta vuelta a Cataluña de las empresas que se fueron por culpa de la inseguridad jurídica que provocó el ‘procés’ e incluso proponen penalizar a las que se nieguen a ello. Pero el Gobierno insiste en que la decisión, antes y ahora, depende de la voluntad de las empresas, afirma que no se penalizará a nadie que use la libertad de establecimiento y solo abre la posibilidad de tímidas ayudas fiscales que favorezcan el ansiado retorno.

Por último, para Junts, la publicación de las balanzas fiscales abre la posibilidad de demostrar eso tan bonito y tan destructor del «Espanya ens roba», pero, el ministerio asegura que no hará tal cosa y se limitará a proporcionar los datos para que cada cual haga sus cálculos. Un ‘Pilatos’ que conducirá primero a la proliferación de nuevos agravios autonómicos y, por último, al caos reivindicativo.

¿Qué es esto? ¿Una timba de pillos en la que cada parte trata de engañar a la otra o una chapuza monumental en la que unos saben lo que han pedido y otros no saben lo que han concedido? No descarten la tercera posibilidad: se trata de una mezcla de ambas.