Tachada de «incomprensible» por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la pasividad del Gobierno a la hora de filtrar y aportar la documentación de los presuntos beneficiarios de la ‘ley de nietos’ ha dado paso a la premura. En apenas unas horas, y tras la notificación por parte del Supremo de un plazo máximo de cinco días para que Justicia y Exteriores examinen los expedientes de los ‘nietos’ incorporados al censo electoral, el departamento que dirige José Manuel Albares reacciona y exhibe unos reflejos que contrastan con la inacción con que pretendía entorpecer el proceso de la Sala Tercera: suspensión inmediata de permisos y vacaciones en los consulados y trabajo a destajo en las embajadas, también durante el fin de semana, para entregar la relación detallada y ajustada a derecho de quienes cumplen con los requisitos legales para votar en los comicios del 29N. El hecho que de los 31.390 expedientes ya revisados solo 91 fueran válidos explica la tardanza de Exteriores en pasar a limpio, o al menos intentarlo, una lista adulterada en una proporción mayúscula.