Acuerdo de intenciones

Cuando dos partidos minoritarios buscan un acuerdo de gobierno y carecen de votos suficientes para conseguirlo, algo han de hacer para tratar de ensanchar su base de apoyo. En una aceleración de los acontecimientos, el líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptó ayer el paquete de cinco medidas de reforma exprés de la Constitución, presentado solo unas horas antes por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Todo esto es la escenificación de un pacto prácticamente cerrado entre ambas fuerzas, del cual solo se conocen con algún detalle las cinco propuestas constitucionales.

Los cambios esbozados responden a planteamientos que llevan mucho tiempo en la plaza pública y que han aparecido en el discurso de diferentes partidos. Es el caso de la supresión de aforamientos para ministros y parlamentarios a Cortes, criticados fuertemente desde Podemos e Izquierda Unida como un privilegio; quedan fuera de esos aforamientos otros muchos regulados en los estatutos de autonomía.

Otra de las medidas anunciadas, la limitación de mandatos a ocho años, ya se intentó sin éxito en anteriores negociaciones entre PP y PSOE. Menor trascendencia tienen las facilidades que se pretenden para las iniciativas legislativas populares, si solo se trata de reducir de 500.000 a 250.000 el número de firmas necesarias para presentarlas y se dejan excluidas de esa medida las cuestiones tributarias y los asuntos de ley orgánica. Por eso, los temas de mayor calado son la supresión de las diputaciones provinciales —manteniendo las forales para no molestar al PNV, así como los cabildos insulares— y la “despolitización de la justicia”, asunto este último explicado por Rivera de manera tan genérica que impide valorar la propuesta.

Todas estas medidas obligarían a alterar una decena de artículos de la Constitución, lo cual va mucho más allá de la reforma exprés del 135 realizada en 2011 por el PSOE y el PP como gesto de respeto al equilibrio presupuestario, en plena crisis financiera de Europa. Ciertamente no es lo mismo una reforma pactada en un escenario bipartidista que otras discutidas ahora por más fuerzas políticas, en respuesta al sistema parlamentario creado por las elecciones del 20-D.

Ahora bien: ¿son estos los cambios que España necesita prioritariamente? Sorprende desgajar todas esas medidas de la gran reforma constitucional defendida hasta ahora por el PSOE, que gira en torno al modelo territorial de España y a la inclusión de nuevos derechos sociales en la parte más protegida de la Constitución. Rivera dio a entender que habrá otras reformas constitucionales más pausadas, y en ese punto citó la reforma “o supresión” del Senado.

Pero esta forma de proceder suscita dudas. Queda por ver cómo encajarían las reformas rápidas expuestas por Rivera y aceptadas por Sánchez con las de mayor calado, que son las que precisan mayorías parlamentarias especialmente reforzadas, la convocatoria de elecciones una vez aprobadas y un referéndum obligado.

Si la intención del PSOE y de Ciudadanos consiste en proponer una legislatura constituyente, no se entiende el porqué de hacerlo en varios tiempos, sobre todo cuando todas las propuestas constitucionales afectan a las instituciones y a las reglas del juego democrático. Sorprende aún más que se orille la cuestión de Cataluña, asunto indiscutiblemente conectado con los intentos de reforma territorial. Faltan ahí muchas explicaciones que Sánchez habrá de dar, como muy tarde, en el programa de gobierno que expondrá en el Congreso el martes próximo, tras el adelanto en un día de la sesión de investidura decidido por Patxi López, que ha molestado tanto al PP como a Podemos.

Así pues, la presentación de estas cinco propuestas de reforma constitucional es una estrategia destinada a consolidar el pacto PSOE-Ciudadanos, en la fase clave de la cuenta atrás para la investidura y como forma de presionar al PP mientras los socialistas negocian con Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, se niega a aceptar otra cosa que un Gobierno de coalición “progresista”. La vista sigue puesta más allá de una investidura que, hoy por hoy, continúa sin apoyos suficientes para prosperar: de momento estamos ante un pacto de intenciones, que todavía es una pequeña coalición de gobierno.