Partido Popular y Vox han pactado una estrategia electoral común para la elección de sus senadores, con la finalidad de compensar la candidatura única de la izquierda y conservar la mayoría absoluta de la Cámara Alta. La reunificación de la izquierda en el Senado pretende replicar en la próxima legislatura el dominio que el PP ha tenido en la que acaba de finalizar, con el que pudo someter al Gobierno de Pedro Sánchez a un control del que podía escaparse en el Congreso de los Diputados. El acuerdo alcanzado por ambos partidos es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad política que trasciende sus siglas y resulta coherente con lo que PP y Vox representan en este momento: la mayoría de cambio que necesita España, no solo para derrotar a Sánchez y purgar de sanchismo la estructura democrática de España, sino también para reformar esencialmente algunas instituciones de forma que hagan imposibles nuevas aventuras autocráticas como las del líder socialista.

Las cesiones eran inevitables entre PP y Vox, aunque resultan especialmente apreciables por el pasado de enfrentamiento y desconfianza entre ambos. España vive una situación política absolutamente anómala por los estragos del sanchismo y extraordinarias tenían que ser también las apuestas de dos partidos que coinciden, desde puntos de partida diferenciados, en un objetivo común. En condiciones normales, ni PP ni Vox habrían renunciado a candidaturas propias en determinadas provincias o a presentar el número máximo de candidatos al Senado. Aciertan ambas formaciones al pensar en sí mismas no como siglas en competencia sino como protagonistas de esa mayoría de cambio que sigue consolidándose en las encuestas.

Ahora bien, la gestión de este acuerdo exige varias cautelas. La primera es evitar la tentación de compensarlo con un reinicio de los ataques de uno al otro partido, como se ha intuido el pasado fin de semana con algunas entrevistas periodísticas. El adversario es el que es y cualquier distracción sobre la prioridad de vencerlo en las urnas puede pagarse caro. La segunda es la obligación de explicar bien el acuerdo alcanzado, con la convicción de que es lo mejor para afianzar una victoria electoral con recursos parlamentarios suficientes que permitan las reformas integrales y urgentes que requiere el país. No sería sensato firmar un acuerdo y ocultarlo con vergüenza. Y la tercera es huir de cualquier exceso de confianza en lo que resta de precampaña y campaña electoral, casi un mes en el que Sánchez apurará el abuso impúdico del Consejo de Ministros como gabinete electoral y del real decreto ley como herramienta del gasto público que financia el caciquismo socialista. La victoria inesperada de Lula en Brasil es un toque de atención para no tropezar con el conformismo de las encuestas, un riesgo en el que la derecha cayó en 2023, descuidando el tramo final de su campaña. El éxito electoral de Lula, aun a reserva de las denuncias de Flávio Bolsonaro, tampoco es el detonante que necesita Sánchez para relanzar su errática campaña. Los socialistas se abrazan a lo que pueden tras el fracaso de Maricarmen y de las movilizaciones sociales, las cuales por su violencia pueden volverse en contra de un Gobierno permisivo. El pacto en el Senado consolida el camino a la mayoría transformadora del país, pero aún debe ganar en las urnas, no en las encuestas.