Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 21/12/11
Quienes tienen que dar «garantias» a todos los españoles de que «no hay chantaje ni amenazas» detrás del comunicado de «cese definitivo» de la violencia anunciado por ETA son quienes ocultan sus condiciones y se limitan a calificarlo de «buena noticia».
La intervención del representante del PNV, que ha recordado que «la paz no es irreversible», y la intervención del representante de Amaiur, que ha instado a Rajoy a dar «los pasos» que marca la hoja de ruta dictada por ETA, han obligado al ya investido nuevo presidente del Gobierno a entrar en un tema que, como el del terrorismo, sólo habia tocado de manera tangencial cuando el lunes dedicó un recuerdo a las víctimas al iniciar su discurso de investidura.
Si Rajoy le ha recordado este martes al peneuvista Erkoreka que calificó de «buena noticia» el comunicado de ETA en el que la banda terrorista anunció el «cese definitivo» de la violencia, «pese a que hubo gente que me lo reprochó», al representante de los proetarras, Iñaqui Antigüedad, le ha dicho, en un tono mucho más firme, que lo único que espera de la banda terrorista es su «disolución irreversible. Ése es el paso que hay que dar». Un paso que «garantice a todos los españoles que no hay chantaje, ni amenazas, que eso se acabó». En este sentido, Rajoy ha desatado el aplauso de su grupo cuando le ha espetado al vocero de la ETA que «yo a ustedes no les debo absolutamente nada, ni yo, ni la sociedad española, que es la acreedora».
Bien está –eso faltaba– que Rajoy no se sienta en deuda con un grupo político ilegalizado en su día por el Tribunal Supremo por constituir el brazo político de ETA y cuyos parlamentarios han dejado hoy nuevamente de manifiesto su inamovible renuencia a condenar uno solo de los centenares de asesinatos perpetrados por la organización terrorista.
Dicho esto, quien tiene que dar «garantías» a todos los españoles de que «no hay chantaje, ni amenazas» detrás del comunicado de «cese definitivo» de la violencia anunciado por ETA es quien lo ha calificado de «buena noticia». En este sentido, la organización terrorista ya se ha molestado en dejar por escrito las condiciones a las que unía su anuncio de cese «definitivo» de la violencia. También sus voceros políticos de Amaiur han recordado infinidad de veces –este martes en el Congreso de los Diputados– los pasos que el Gobierno de España debe dar en pro de los presos etarras y del reconocimiento de Euskal Herria como nación. Hasta el representante del PNV –como hiciera hace unos días también el negociador socialista ante la ETA, Jesús Eguiguren– le ha recordado a Rajoy que «ni la ausencia de violencia ni la paz son irreversibles».
Si el nuevo presidente del Gobierno, con tal de no empañar la «buena noticia» –expresión de la que hoy todavía parece sentirse muy orgulloso– no quiere ver el componente chantajista que hay en todas estas declaraciones, así como en los propios comunicados de ETA, ese es su problema. Lo que ahora mantenemos es que si en su día reprochamos a Zapatero, a Rubalcaba y a él que calificaran de «buena noticia» el comunicado de ETA, es por la veracidad que otorgaban a un cese «definitivo» de la violencia, que no tenía más garantía que lo que decía una organización terrorista que se niega a disolverse, tanto como a arrepentirse o a dejar de condicionar uno sólo de sus comunicados de «alto el fuego» a la consecución de los objetivos por los que ha estado asesinando.
Al margen de esto, el nuevo presidente del Gobierno ha manifestado también esta martes su compromiso con «leyes, reglamentos y decretos», lo cual también está muy bien, si no fuera porque la presencia de Amaiur en el Congreso no sólo se debe «a los votos» –tal y como se ha limitado a decir Rajoy– sino también a la flagrante vulneración de una ley que –se supone– está en vigor, como es la Ley de Partidos, pero que en realidad el Tribunal Constitucional dejó en papel mojado al derogar la ilegalización de Bildu.
Confiemos en que el compromiso de Rajoy de dar «mayores garantías de independencia en lo que afecta al órgano de los jueces, como del Tribunal Constitucional» permita, en un futuro lo más próximo posible, instar la ilegalización de quienes insisten en no condenar los crímenes de ETA y mantenerse como voceros de una organización terrorista que se niega a desaparecer. Aunque aquella haya sido la única referencia de Rajoy al papel de la Justicia y a la crisis institucional y política que padecemos, a ella debemos aferrarnos para confiar en que la investidura de Rajoy resulte prometedora, no sólo en el terreno económico.
De no dar esos pasos –pasos que Rajoy sí debe, no solo a sus votantes, sino a todos los españoles, empezando por las víctimas del terrorismo– deduciremos que sigue tan orgulloso de calificar de «buena noticia» el chantajista comunicado de ETA como de decir que «no ha habido concesiones políticas», tal y como también dijo en esa ocasión, meses después de que, por razones políticas, los magistrados designados por los socialistas hubieran abierto las puertas a los proetarras de Bildu y Amaiur.
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 21/12/11