IGNACIO MARCO-GARDOQUI-EL CORREO

Incluso los que estamos en contra de su forma de gobernar, debemos reconocer y agradecer los esfuerzos realizados por nuestro presidente para aclararnos algunos conceptos poco nítidos. Por ejemplo, ¿quiénes son fascistas y retrógrados? Pues muy sencillo, lo son todos aquellos que hoy piensan lo que él pensaba ayer. ¿Qué es ser progresista? Más fácil aún, es pensar lo que él piensa hoy. Pero no se relaje demasiado porque solo lo será mientras piense lo que piensa, porque en cuanto cambie de manera de pensar -sucede con mucha frecuencia- se convertirá en fascista; y si quiere seguir siendo progresista, deberá cambiar con él.

Este principio general se aplica a los indultos, por supuesto, en donde no ha sentido ni siquiera la tentación de explicar su cambio radical, pero también a otros temas menores. Por ejemplo, al que nos ocupa hoy de la bajada de algunos impuestos que gravan el consumo eléctrico. Resulta que cuando gobernaba Rajoy, su tratamiento fiscal se consideraba abusivo y era motivo de escándalo. Lugo, cuando el actual Gobierno empezó a disfrutar las mieles de la recaudación, la idea se enfrentó a la supuesta prohibición de Bruselas. La ministra de Hacienda, que tiene varios récords mundiales en emisión de palabras por minuto, nos lo explicó con una mezcla de decepción y melancolía.

¿Qué ha pasado entonces? ¿Ha conseguido María Jesús Montero ‘humanizar’ la legislación europea? No, no era necesario, porque nada ni nadie, más allá de la mera conveniencia recaudatoria, le impedía hacerlo, como demuestra la divergencia existente entre países miembros. Entonces, ¿por qué ahora es posible, conveniente y supongo que también progresista? Pues por dos razones. No está muy claro cuáles son los beneficios de las reformas energéticas aplicadas por el Gobierno, pero entre ellas no se encuentra la bajada de los precios. Y esto de la subida aparatosa de la luz, unida al incremento del precio de los carburantes en plena época estival -una desagradable y muy frecuente coincidencia-, ha enervado a los ciudadanos, algunos de los cuales ya estaban de los nervios por culpa de los indultos, así que no convenía incrementar su disgusto. Y la segunda razón consiste en que el incremento de los precios del CO2 le va a permitir al Gobierno reducir de manera sensible el esfuerzo recaudatorio derivado de las medidas adoptadas.

Por cierto, ¿se le ocurre alguna razón por la cual no se aprobó la rebaja en el Consejo de Ministros del pasado martes, junto con los indultos, y ha exigido otro de carácter extraordinario? A mí sí.