Ignacio Camacho-ABC
- Sánchez no es fiable. No se ha ganado la confianza que merece un gobernante para recibir poderes excepcionales
No se trata de una cuestión de tiempo, sino de fuero. Seis meses de estado de alarma sin cláusulas de revisión por medio suponen una firma en barbecho para que el poder Ejecutivo prescinda de la fiscalización de los jueces y del Parlamento. Eso es lo que el presidente está pidiendo sin mayor razón real que la de que siente pereza de acudir cada quince días al Congreso y que no quiere que sus socios le mezclen el apoyo a la pandemia con el cambalache de los Presupuestos. Exige un mandato cerrado como el que los romanos le dieron al dictador Camilo para luchar contra los galos de Breno, y no aporta otro fundamento que el supuesto criterio de unos «expertos» cuya identidad nadie conoce porque se niega a revelarla el Gobierno. Si empieza por ese ejercicio de opacidad da miedo pensar cómo puede acabar el experimento. Ya constituye una pista el hecho de que en vez de negociar un consenso le exija a la oposición que se allane por completo.
El problema no está en la medida en sí misma, cuya necesidad parece inevitable, sino en el propio Sánchez. Sencillamente, no es fiable. No se ha ganado ningún tipo de confianza para merecer ni para recibir poderes excepcionales, sobre todo después de haberlos malversado a conciencia poco antes. Y si ya es arriesgado otorgar a cualquier gobernante carta blanca para cerrar las calles y restringir derechos y libertades, mucho más a alguien que esta misma primavera demostró su proclividad a confundir el acuerdo con el vasallaje. La carta blanca que solicita equivale a una autorización bajo la que eludir controles de cualquier clase. Una pretensión injustificada, inconsistente, abusiva y, en suma, inaceptable, que al acogerse a la literalidad de la ley interpretándola en favor de parte roza el fraude contra la separación de poderes que informa el conjunto de los preceptos constitucionales.
El estado de excepción, el grado superior al de alarma, tiene tasados en la Carta Magna sesenta días de duración máxima. La propuesta gubernamental contempla una suspensión de la normalidad ciudadana tres veces más larga y desprovista de causa acreditada. Con el cesarismo habitual, Su Persona, Su Augusta Persona, no se ha esforzado siquiera en razonar los motivos más allá de su por segunda vez tardía determinación de combatir el virus. Carece de argumentos políticos, jurídicos y hasta científicos para suspender durante medio año los contrapesos democráticos legítimos. Ha calculado el plazo a ojo, a su comodidad y beneficio. Puro arbitrismo sin soporte objetivo. Con el agravante de que una vez aprobada la prórroga del decreto, sólo el Gabinete podrá hacerlo decaer o interrumpirlo. Es decir, que Sánchez obtendrá un salvoconducto legislativo de amplio espectro para usarlo a su capricho. Peligro, peligro: un yonqui del poder con libre albedrío para inyectarse sobredosis de su estupefaciente favorito.