Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo

El nivel de la presión fiscal que soporta una sociedad es mucho mas una cuestión ideológica que un aspecto técnico. Para el Gobierno, para este Gobierno en especial, no se trata tanto de determinar cuál debe de ser la carga fiscal óptima y su mejor reparto entre las distintas actividades y capas de población para alcanzar determinados objetivos como un mayor PIB, una mayor renta per cápita o, incluso, un mejor coeficiente de Gini que mide la evolución de la distribución de rentas.

Se trata fundamentalmente de recaudar el máximo posible de dinero para proceder a la máxima distribución de ayudas y mercedes, para comprar el máximo posible de apoyos sociales. Como ya se sabe, la caridad, como el cariño, empieza por uno mismo y así el primer capítulo de la atención es la propia administración, que no para de engordar y a la que no cesan de incorporarse los familiares más allegados y los amigos más próximos.

Los estudios realizados sobre la materia acostumbran a señalar que la reducción de los gastos influye de manera más positiva sobre la actividad económica que el aumento de los impuestos. Pero si el Gobierno tiene puntería a la hora de identificar los colectivos a los que se aumentan los impuestos y a los que se incrementan las ayudas o, incluso, si no la tiene muy certera, el éxito social está garantizado. Digo éxito social y me refiero al éxito en la apreciación electoral, porque el éxito de la sociedad es otra cosa mucho más compleja.

El Instituto Juan de Mariana publicó ayer un estudio muy revelador. En él descubrimos cosas como que el 60% del incremento de la carga fiscal registrada en España en los últimos 30 años es responsabilidad del Gobierno actual y que dos de cada tres euros de dicho aumento ha recaído sobre las familias. Entre 2018 y 2024 ha decidido 69 aumentos tributarios, lo que nos coloca en cabeza de los incrementos de la presión fiscal europea.

Si sumamos las cotizaciones sociales, el IRPF, el IVA y el IBI, un trabajador medio (no Amancio Ortega, ni Juan Roig, hablamos de un trabajador medio) paga al año 15.480 euros, lo que supone el 44,2% de su salario. Una evidencia que no conseguirá cambiar el mantra aquel, utilizado una y mil veces, de ‘quien más tenga, que aporte más’. Un principio indiscutido que, por otra parte, ya se aplicaba en Atapuerca.

Ahora mire la evolución de la inversión, que cayó un 1,6% en el cuarto trimestre y un 2,2% en el segundo semestre de 2023 y que permanece un 5,5% por debajo del máximo prepandemia y compare su evolución con la registrada en el conjunto de las Unión Europea. Quizás se lo explique…