Ya sé que debemos repensar muchas cosas, pero hoy me refiero a nuestra forma de luchar contra el cambio climático. Salvo unos pocos ciudadanos, la mayoría y sobre todo la mayor parte de la comunidad científica están de acuerdo en considerar que la actividad humana, y no solo la industrial, está detrás de la peligrosa deriva que ha tomado la evolución del clima. Y el mismo consenso existe a la hora de identificar a las emisiones de los gases de efecto invernadero como los auténticos culpables de la inacabable serie de accidentes atmosféricos que padecemos. Por eso es lógico que nos hayamos concentrado en reducirlos por la vía -esto es ya más discutible, porque existen alternativas- de penalizar su uso a través del cobro de los derechos de emisión.

¿Obtenemos resultados positivos en esta lucha? Creo que la respuesta es que no, al menos desde un punto de vista global. Y eso viene motivado porque el acuerdo de reducción no es global, las medidas de penalización no son generales y, lo más importante, los países que más emiten estos gases no forman parte de él y no hay autoridad capaz de obligarles a hacerlo.

Veamos algunos datos. En 2021, el carbón quemado para producir electricidad aumentó un 9%, tras alcanzar un nuevo máximo histórico. A pesar de las llamadas de atención y las peticiones de su reducción, lo cierto es que supone todavía el 36% del mix energético mundial. La inercia tecnológica y el precio del gas están detrás de ello. En su vertiente de consumo industrial, China e India suponen las dos terceras partes de la demanda mundial y el primero crece a un ritmo del 9% y el segundo al 12%. Por su parte, en los EE UU las toneladas de carbón utilizadas para producir electricidad han aumentado un 17% en 2021, en un entorno en el que las emisiones generales de gases de efecto invernadero han aumentado un 6,2%. Es decir, mientras que en Europa castigamos a las empresas obligándolas a realizar un esfuerzo de reducción de emisiones gigantesco, el mundo está más sucio cada día.

Hay tres posibles soluciones. Una es revisar los objetivos y dilatarlos en el tiempo. Me parece irreal, pues llevaría a las barricadas a una buena parte de la población, fundamentalmente a todos aquellos a quienes no les afectan las penalizaciones, al menos de manera directa. Otra es obligar a todos los países a cumplirlo. Sería lo ideal, pero no sé cómo se hace tal cosa. Y una tercera consistiría en utilizar la imposición indirecta, básicamente los aranceles, para reponer a nuestras empresas en la posición competitiva amenazada ahora por el castigo que supone la falta de generalidad de los derechos de emisión. Mientras las opciones una y dos no sean operativas, hay que implementar la tercera y con carácter de urgencia. Para dejar de hacer el canelo, vaya.