EL MUNDO – 29/02/16
· Reclama, con dinero público, que animen por carta a los asesinos de un concejal y un militar
La localidad navarra de Berriozar, gobernada por Bildu, está usando dinero público para reclamar apoyo a presos etarras. En esta población próxima a Pamplona, la oposición ha puesto el grito en el cielo porque el Ayuntamiento está dando respaldo a una campaña para que los jóvenes del municipio escriban cartas a presos de la organización terrorista ETA. También para que reclamen su inmediata puesta en libertad.
Desde el Centro Juvenil Gaztetxe Taupada de Berriozar se edita una revista cada dos meses. El Gaztetxe está sufragado por el Ayuntamiento, siendo por tanto una instalación municipal. Su última edición incluye una campaña de apoyo a cuatro presos de ETA que dice lo siguiente: «Esta revista se une a la reivindicación por los derechos de los presos vascos. En Berriozar tenemos cuatro presos, por lo que además de recibir nuestro apoyo en la calle, es importante que estén informados sobre la actualidad del pueblo. Por eso, te animamos a escribirles. ¡Los queremos en casa y libres!».
Para que los jóvenes del pueblo puedan enviar cartas a los terroristas, la revista facilita la dirección de los centros penitenciarios donde se encuentran cumpliendo condena.
Berriozar es una población que ha sufrido directamente el terrorismo de ETA. En ella, la banda terrorista ha acabado con la vida de dos concejales de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Actualmente está gobernada por Bildu gracias al apoyo de Geroa Bai, la formación liderada por Uxue Barkos, que ejerce como extensión del PNV en Navarra.
Los terroristas a los que se hace mención en la revista son los hermanos Ayensa Laborda y Lerín Sánchez. Los primeros están condenados, entre otros delitos, por los asesinatos del concejal de Unión del Pueblo Navarro Tomás Caballero y del militar y vecino de Berriozar Francisco Casanova. También por la colocación de dos bombas contra el ex parlamentario de UPN Evelio Gil, y contra el militar José Díaz Pareja. La Policía siempre sostuvo que, además, estos terroristas tenían previsto acabar con la vida de un funcionario de prisiones de Pamplona.
Los segundos, los hermanos Lerín Sánchez, cumplen condena por pertenencia a banda armada, así como por la tenencia de 170 kilos de explosivos que guardaban en la localidad. Además, recopilaron información para asesinar a Fernando Savater, a un policía del barrio donostiarra de Amara, a dos ertzainas de Tolosa y a un confidente de la Guardia Civil.
El teniente de alcalde de Berriozar y concejal de Juventud (competente en lo que afecta a la actividad del Gaztetxe) es Alfonso Arnesto. Él mismo fue condenado en 1998 a cinco años de prisión por colaboración con banda armada, después de que la Audiencia Nacional considerara probado que anotaban matrículas de coches de guardias civiles para entregárselas a ETA.
Así, no sorprende que el pasado 20 de febrero este teniente de alcalde participara en una marcha hasta la cárcel lucense de Monterroso (donde se encuentran los asesinos de Tomas Caballero y de Francisco Casanova) para apoyar a los asesinos de la banda terrorista.
Desde las filas de EH Bildu se ha calificado siempre a los terroristas asesinos de Casanova como «presos políticos».
En Berriozar hay 13 concejales. Los siete ediles que conforman la mayoría absoluta corresponden a los seis de EH Bildu y al único de Geroa Bai. Los seis de la oposición corresponden a dos del PSN, dos de UPN y dos de Izquierda-Ezkerra.
El alcalde de la localidad es Raúl Maiza. En su equipo, Arnesto no es el único vinculado por sentencia con ETA. La concejala de Educación, Sagrario Ortigosa, también fue condenada a un año y nueve meses de prisión por esconder en su domicilio al miembro de la banda terrorista Ibai Ayensa. Al etarra le estalló una bomba que estaba colocando en el centro de Pamplona. En su huida, buscó refugio en el domicilio de la concejal, que sabía de su pertenencia a ETA.
UNA INHABILITACIÓN INÚTIL CONTRA OTEGI
A diferencia de los presos de Berriozar, a Arnaldo Otegi no le hace falta más cariño. Lo tiene de sobra en la izquierda ‘abertzale’, que se prepara para darle la bienvenida a la libertad y presentarlo públicamente como cartel electoral de EH-Bildu en la próximas elecciones vascas. Para ello son necesarias dos cosas: que así lo decidan los miembros de la coalición electoral y que su condena por el caso ‘Bateragune’ no lo impida. Y no parece que vaya a tener problemas en ninguno de los dos casos.
Otegi fue condenado a seis años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación. Esta última no la terminará de cumplir hasta 2021 porque la condena no empezó a correr hasta que terminó de cumplir otra inhabilitación anterior. Pero eso no va ser problema. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo establecen que en las condenas de inhabilitación «especial», como la que se le impuso en ‘Bateragune’, es imprescindible precisar a qué puestos públicos afecta. Si no se precisa, la inhabilitación no puede ser efectiva y en la práctica se tiene por no puesta. Ése es el criterio expuesto recientemente por la Fiscalía General en el caso del diputado vasco Iker Casanova. Dignidad y Justicia denunció que ocupaba el escaño pese a estar inhabilitado por terrorismo.
Tras analizar el caso, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa, concluyó que Casanova estaba inhabilitado, pero que no había forma de ejecutar esa parte de la condena al no haberse precisado en la sentencia a qué cargos afectaba. Y ese mismo es el caso de Otegi. Para impedir su acceso a las listas sería necesario que el TC modificase su doctrina. El Supremo también ha reconocido recientemente esa necesidad de precisión.
A petición de las víctimas, aceptó aclarar – cuando estaba en plazo, que no e s el caso de Otegi – su propia sentencia sobre las ‘herriko tabernas’, en la que no había indicado a qué cargos afectaba la inhabilitación especial. «Considera esta Sala que debe concretarse a qué cargos públicos se extiende esa inhabilitación, aclarándose en este extremo la sentencia casacional», dijo en un auto de aclaración posterior, precisando que los condenados no podrían acceder a cualquier cargo público «de naturaleza política por elección ciudadana a nivel local, autónomo, estatal o supranacional». Unas palabras que nunca aparecieron en la sentencia contra Otegi.
MANUEL MARRACO