En su «Economía del separatismo catalán», Ferran Brunet ha mostrado que desde 2009, cuando empezaron las consultas locales de independencia, el PIB de Cataluña se fue separando de una manera cada vez más acusada de su senda potencial, de tal modo que, cuando en 2017 se materializó el referéndum de independencia, la región ya había experimentado una reducción de 3,9 puntos porcentuales. En esos años, cada uno de los catalanes había perdido en promedio 1.173 euros anuales como consecuencia de una menor recuperación de las inversiones y el empleo después de la crisis financiera internacional de 2008. Y pasado un quinquenio, esa pérdida ha aumentado hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB o 1.384 euros por cada habitante. Ha de puntualizarse que estas últimas cifras se alcanzaron ya en 2019, pues lo que vino después hasta el primer semestre de 2022, con la crisis post-covid, fue un estancamiento que apenas se separó del registrado en las otras regiones españolas de alto nivel de renta.

El conflicto independentista no ha sido resuelto, de manera que sigue ahí como una amenaza potencial que en nada ayuda a la actividad económica. Por ello, seguramente, la inercia del coste económico del «procés» hará que, cuando termine la actual década, el PIB catalán esté alrededor de un ocho por ciento por debajo de su nivel potencial. Los catalanes serán entonces un veinte por ciento menos ricos que los madrileños. Este es el precio a pagar por el delirio nacionalista.