No es intempestiva sino tradicional la comparecencia hoy del presidente del Gobierno ante los medios de comunicación. Sirve para hacer balance y para que Pedro Sánchez lance algunos mensajes que parecen imprescindibles. Sobre todo a sus socios en el Consejo de Ministros, porque el modelo de relación con Podemos no es sostenible y puede hacerse insufrible si en el tránsito hacia la meta volante más importante de la legislatura tras la aprobación de los Presupuestos —Cataluña— los morados, con Iglesias a la cabeza, pretenden desarbolar definitivamente la cohesión del Ejecutivo.

Las elecciones catalanas del 14-F son peligrosas para los socialistas, porque el PSC, por mucho que aumente sus efectivos en el Parlamento autonómico, no será ni el primer ni el segundo partido. En el mejor de los casos, el tercero y sin absorber todo el electorado que le restó Ciudadanos en diciembre de 2017. Miquel Iceta debe tener un buen resultado que demuestre la utilidad de la política de conciliación de Sánchez con Junqueras y del PSOE con ERC, que circula por el Congreso del brazo de EH Bildu.

Si los independentistas se van más allá del 50% del voto popular con mayoría absoluta en la Cámara, y aunque el porcentaje carezca de otra relevancia que la simbólica y se produzca, si lo hace, por una previsible menor participación, la política española tendrá un problema adicional al que ya presentaba la relación entre el Gobierno y la Generalitat. Si ERC no gana con suficiencia al JxCAT de Borrás y Puigdemont —echados al monte— y los más radicales de los radicales les pisan los talones a los republicanos, Sánchez habrá arriesgado inútilmente con concesiones parlamentaria exorbitantes.

La combinación que mejor le iría al Gobierno —sector PSOE— y al país, sería la siguiente: 1) que el PSC aumentase sustancialmente, 2) que Ciudadanos y el PP obtuvieran un resultado lustroso sin la emergencia que se supone de Vox, 3) que los independentistas se empantanen en la impotencia que les procura la neutralización recíproca entre sus distintas opciones y 4) que los comunes, confluencia muy autónoma de Podemos, sigan a la baja como en el País Vasco y Galicia. Una ecuación así —en el caso de que el voto popular no prime más a los secesionistas que en 2017— resultaría tranquilizadora, pero es, ahora mismo, improbable en casi todas sus variables.

Desde otro punto de vista, el Gobierno tiene que resolver el dilema de excarcelar o no a los políticos catalanes presos antes de los comicios. El indulto se lo pone difícil al Consejo de Ministros, no tanto el sobreactuado informe negativo de los fiscales ante la Sala Segunda, ni siquiera el dictamen, previsiblemente negativo, del tribunal sentenciador, sino la inexistencia de ese propósito subjetivo de contrición que es obligado en aquellos que se benefician del derecho de gracia contemplado en la Constitución. El remoque de ‘lo volveremos a hacer’ resulta una bofetada al Gobierno, que estaría, en principio, por acometer con mucho coste político un indulto parcial que no contentaría ni a los propios destinatarios de la medida.

Una proposición de ley orgánica de artículo único y para aprobarla en lectura también única modificando el Código Penal —delitos de sedición, rebelión y quizás otros— también presenta inconvenientes, porque las normas ‘ad hoc’ (y más si son orgánicas) resultan repelentes en democracia. Descartado ya el tercer grado que precipitadamente fue concedido a los condenados, Pedro Sánchez —con la mesa de diálogo suspendida ‘sine die’— tiene escaso margen de maniobra y ya no hay que descartar que llegue al 14-F sin más ofertas a ERC que un compromiso futuro y, por lo tanto, inseguro, sobre ulteriores conversaciones y acuerdos.

Para el Ejecutivo —sector socialista en la yuxtaposición del Consejo de Ministros—, las elecciones catalanas son tan decisivas como el Presupuesto. Pero mucho más inciertas, porque si las cuentas públicas no se aprobaban, el Gobierno naufragaba, mientras que si las elecciones en aquella comunidad le son desfavorables, la legislatura continúa, pero con gravísimas dificultades, que vendrían tanto de los independentistas como de sus socios de Podemos y de Izquierda Unida, partidarios de esa III República confederal, solidaria y taumatúrgica para una España que Pablo Iglesias define como “patria”.

Los Presupuestos no han sido tan difíciles para el Gobierno porque el secretario general de Podemos le montó a Sánchez una plataforma con ERC y con Bildu a la que se añadieron el PNV y otros grupos menores. Pero esa misma plataforma parlamentaria (la suma de los 53 escaños de los republicanos, los ‘abertzales’ radicales y los morados) puede ser para el presidente una jaqueca política permanente, porque percutirá sobre todas sus iniciativas y, especialmente, en la delicada operación de asignar los fondos europeos a proyectos que deben presentarse en Bruselas en el mes de abril. A Sánchez —que tendrá dos rondas presupuestarias más— se le empina la cuesta de la legislatura si Cataluña no le da nada de lo que necesita.

PD. A Carmen Calvo: la última palabra sobre un real decreto de indulto la tiene la Sala Tercera del Tribunal Supremo si es impugnado por quien esté legitimado para hacerlo.