EL CORREO 25/05/14
· Un equipo de 50 fiscales investiga desde enero los presuntos delitos que se cometen por comentarios en internet.
Apenas unos minutos después de cometerse el asesinato, el nombre de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, inundó las redes sociales. La inmensa mayoría de los mensajes publicados tuvieron como objetivo expresar las condolencias a la familia y condenar el crimen. Otros, en cambio, usaron internet para aplaudir la muerte a balazos de la líder del PP leonés.
La repulsa de todas las fuerzas políticas a esos ataques fue unánime y abrió el debate acerca de si existe la necesidad de regular lo que se expresa en la red. Los insultos vertidos contra los judíos tras la victoria del Macabbi Tel Aviv sobre el Real Madrid en la final de la Copa de Europa de baloncesto o los lanzados contra los toreros tras las cogidas que sufrieron los tres matadores que participaron en la corrida del pasado martes en Las Ventas de Madrid han echado más leña al fuego.
El primero en lanzarse a la arena fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien pocas horas después del asesinato de Carrasco anunció la creación, junto al Ministerio de Justicia, de un equipo para estudiar posibles reformas legales que permitan perseguir con mayor eficacia este tipo de actos. «Hay que limpiar las redes sociales de indeseables», dijo. Frente a él surgieron otras voces que alertaron de que el endurecimiento de la normativa significaría un atentando contra el derecho de la libertad de expresión. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, enmendó días después al ministro al asegurar que «ya hay mecanismos en la ley para poder reaccionar ante este tipo de conductas que son constitutivas de delito independientemente del medio que se utilice para cometerlos». La ‘número dos’ del Ejecutivo no cerró aún así la puerta a una revisión a la normativa siempre y cuando se alcance un consenso entre las fuerzas políticas.
No se actúa de oficio
Desde el pasado enero una red de 50 fiscales representados en todas las provincias ha abierto investigaciones sobre los delitos que se cometen en internet. En el caso de los comentarios injuriosos o calumnio-Han saltado al debate político tras el asesinato de Isabel Carrasco, pero los ataques a personajes públicos no son un fenómeno nuevo en internet. En marzo de 2013, Elena Valenciano cerró de forma temporal su cuenta de Twitter después de recibir insultos hacia su familia. «Contra mí era normal. Contra mis hij@s es inmoral», essos, el Ministerio Público no actúa de oficio, es decir, sólo cuando recibe denuncias de particulares. Sí tiene, en cambio, iniciativa propia en los supuestos de incitación al odio.
Según exponen fuentes del Ministerio Público, en el caso de los comentarios despectivos en Twitter contra la comunidad israelí primero se realizará una criba de los 17.000 comentarios ofensivos publicados para saber si unos 200 encajarían en el tipo delictivo. No obstante, una de las quejas de los fiscales y policías de la unidad de delitos informáticos es que el tiempo que ocupan en esta tarea de rastreo se pierde en perseguir otros delitos gravísimos, como son la pornografía infantil, el espionaje o las falsificaciones de tarjetas de crédito. «Entramos en una dinámica peligrosa», advierte al respecto un fiscal consultado.
Este jurista pone el acento en un asunto peculiar. Asegura que Twitter y Facebook son empresas estadounidenses que colaboran con otros países en, por ejemplo, la identificación de un usuario anónimo. Sin embargo, su cooperación esta sujeta a un examen previo sobre el respeto a libertad de expresión en el país solicitante, por lo que podría darse el caso de que, si el Gobierno incrementa el control, ninguna de estas dos redes sociales acceda a prestar su ayuda al considerar que existe censura.
La Justicia cuenta con distintos mecanismos para perseguir los comentarios injuriosos en las redes. En el Código Penal aparece el delito de calumnias, imputación de unos hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, que está castigado de seis meses a dos años de prisión si se propaga con publicidad. En España se presentaron en 2013 apenas 1.172 denuncias por estos delitos frente a las 60.000 en Reino Unido, las 24.000 de Alemania y las 6.000 de Suecia. Además, la figura de incitación a la discriminación, odio y violencia, artículo 510 del Código Penal, ya castiga con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses a aquellos que ataquen a grupos o asociaciones por motivos racistas.
Tres de los autores de comentarios contra la presidenta de la Diputación de León han sido imputados. Sobre dos de ellos pesa la acusación de apología para la comisión de asesinato, penada con entre siete años y medio y quince. La pregunta es si cometieron un delito o sólo hicieron uso de su libertad de expresión.
EL CORREO 25/05/14