En febrero de 2025, el Gobierno se fue a Argelès-sur-Mer a poner flores por los republicanos españoles que Francia concentró en la arena, sin barracones ni condiciones sanitarias dignas. La liturgia habitual de memoria, justicia y reparación. Pero aquella historia tiene una parte menos cómoda. Francia abrió la frontera ante un éxodo que ya no podía contener y trató después el problema como una cuestión propia de seguridad y orden que debía controlar y resolver. París no estaba dispuesto a asumir indefinidamente el coste de una crisis que consideraba ajena.

Ahí empieza el paralelismo con Ceuta. No porque ambas situaciones sean iguales, ni porque la historia se repita, sino porque ante una presión fronteriza siempre aparece la misma pregunta, ¿quién asume el coste? En 1939 Francia procuró proteger sus intereses, hoy España parece mucho menos dispuesta a exigir que el coste de la presión migratoria recaiga sobre quien corresponde.

Y mientras el Gobierno mide cada palabra y cada movimiento para no incomodar a Marruecos, miles de personas siguen durmiendo en la arena de Ceuta. Cuando toca elegir entre asumir el coste político de una decisión o trasladárselo a la ciudad que está en primera línea, siempre parece existir una opción más cómoda.

La ruleta de la arena

El Ministerio de Migraciones tardó 21 días en instalar cuatro carpas en El Trampolín. No faltaron recursos, sobró soberbia y cálculo político. Interior dio por hecho que la marea humana regresaría sola a Marruecos sin obligar a nadie a mover un papel. Marlaska apostó en la ruleta fronteriza, perdió la partida y la factura la pagamos todos los españoles. En Bruselas hablaba de responsabilidad migratoria. En Ceuta, la realidad seguía durmiendo en la arena. Las 1.800 plazas habilitadas son oficialmente temporales, la fórmula de la burocracia para consolidar lo permanente. Con más de 800 personas hacinadas en el CETI y un millar en la calle, en el campamento de Loma Margarita van a comerse las uvas y a esperar la cabalgata de Reyes.

La farsa humanitaria estalla en cuanto se mira a los uniformes. La Policía Nacional reparte a sus antidisturbios mascarillas caducadas desde 2023. El saldo operativo da vergüenza ajena, agentes y militares contagiados de sarna, colchones por los suelos y un retrete para 30 personas. El Estado moviliza millones de la noche a la mañana para levantar campamentos a quienes entran ilegalmente, pero es incapaz de comprar guantes y mascarillas para los agentes que manda a la trinchera. Cuesta más protegerlos que desplegarlos. Y todo esto sin que la presidencia del Gobierno interrumpiera su descanso en La Mareta, una crisis de semanas, con tropas infectadas y policías desabastecidos, no merecía acortar las vacaciones.

El trampantojo buenista

Ciertos pseudomedios se empeñan en equiparar esta crisis con el éxodo de Ucrania y la trampa intelectual se desmonta sola. De Ucrania salieron familias enteras, madres, abuelos y niños huyendo de una invasión militar y de bombas reales sobre sus hogares. Lo de la frontera sur no es un éxodo de guerra, es un aluvión monográfico de varones jóvenes que fuerzan el perímetro ignorando la ley. Pretender que ambos fenómenos son lo mismo insulta a la inteligencia y degrada la condición de refugiado.

Bajo la bandera de proteger a los vulnerables, el progresismo institucional ha terminado olvidando a quienes tiene más cerca. En Ceuta, el dogma buenista ha reventado la convivencia y la seguridad de una ciudad que lleva años soportando una presión fronteriza que el Estado no sabe resolver. El contrato social existe para proteger a los ciudadanos, no para convertirlos en la variable de ajuste de una política migratoria que el PSOE lleva años sin saber resolver.

A esto se añade otro disparate, cargar sobre el contribuyente español una patria potestad infinita mientras se exonera a los progenitores y a Marruecos de toda responsabilidad. Convertir España en una guardería asistencial permanente no es solidaridad, es trasladar el coste de una responsabilidad ajena a quienes ya pagan la suya.

La vía pactada que nadie tramita

El colmo del ridículo institucional es que el trámite peor gestionado es el único donde existe unanimidad. Marruecos lleva semanas reclamando la entrega de sus menores mediante reagrupación familiar identificada, su ministro de Justicia ha reiterado que no renuncian a sus hijos y exige agilizar las trabas burocráticas en España. Bruselas insiste en lo mismo, retorno inmediato de quienes entraron de forma irregular.

Rabat lo pide, la Comisión Europea lo exige y la vía legal está despejada. No hace falta inventar leyes ni pleitear con los tribunales, basta con aplicar los acuerdos vigentes. Que Marruecos vaya más rápido exigiendo la devolución de sus menores que Madrid tramitándola demuestra la descomposición del aparato ministerial. Si un Gobierno es incapaz de ejecutar el único procedimiento pactado por todas las partes, carece de cualquier autoridad para dar lecciones de firmeza.

El mercadeo autonómico

Para maquillar el desastre, el Ejecutivo decreta el reparto forzoso de 500 menores por la península puenteando a las autonomías y amenazando con la Fiscalía al que proteste. La escena retrata el desgobierno interno, seis días antes, Igualdad juraba que las menores no corrían peligro, Exteriores prometía retornos y Juventud diseñaba planes de acogida indefinida. Tres ministerios, tres discursos y 0 coordinación.

El desenlace de este reparto responde a la aritmética de la supervivencia parlamentaria. La solidaridad territorial corre el riesgo de convertirse en moneda de cambio en despachos de investidura, mientras las comunidades más alejadas del poder de negociación cargan con el grueso del desborde. La factura del caos fronterizo volverá a endosarse a los ciudadanos de siempre.

Francia impulsó en 1939 el retorno de miles de exiliados porque antepuso su conveniencia de Estado. Hoy este Gobierno monta su propio simulacro mientras la arena sigue ocupada, los policías siguen desprotegidos y Ceuta sigue desbordada. La improvisación política nunca es inocente, sale gratis para quien la firma desde La Mareta y sale carísima para quien la padece en la calle. Un país que renuncia a defender primero a los suyos ha perdido el rumbo y la soberanía.