VICTORIA PREGO, EL MUNDO 05/02/14
· No es ninguna novedad, pero en algún momento tendremos que dejar de marear la perdiz y pasar a la acción.
Ya son innumerables las sentencias de los tribunales a propósito de la enseñanza del castellano en los colegios catalanes. Y a cada una de esas sentencias las autoridades de la Generalitat han echado mano de los recursos para dilatar el procedimiento, de tal manera que los niños cuyos padres han reclamado esa enseñanza en castellano ven cómo sus hijos van creciendo, abandonan el colegio o están a punto de abandonarlo por razón de edad y su reclamación pierde ya todo el sentido y decae.
Y así van pasando los años sin que la Generalitat mueva un músculo y sin que su desobediencia manifiesta a la resolución de los tribunales comporte para esos funcionarios la sanción prevista en el Código Penal para estos casos. Ayer, el portavoz Homs dijo que no iban a cambiar ni una coma de su actual modelo educativo y la consejera Rigau anunció una batería de recursos, otra más, para eludir la última orden, taxativa y muy concreta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecía un 25% de enseñanza en castellano. Y el señor Homs se atreve a contestar al tribunal, como si fuera un compañero de despacho, y a pedirle explicaciones de cuál es el criterio pedagógico que han empleado los jueces para esa determinación.
A ningún español, nunca, en ninguna circunstancia, se le ha consentido una actitud semejante, y mucho menos mantenida en el tiempo. Si hubiera sido así, hace mucho que España habría dejado de ser un Estado de Derecho, que se identifica precisamente por el imperio de la Ley y el acatamiento de las resoluciones de los tribunales.
Pero en lo relativo a Cataluña el Estado de Derecho no existe. Y no se hace nada por impedirlo. Los dirigentes catalanes no sólo están dispuestos a reventar la Constitución con un referéndum de autodeterminación que la Constitución no permite. Mucho antes de eso están ignorando, y burlando, el poder coercitivo de las sentencias judiciales. En ese sentido, Cataluña es una ciudad sin ley dentro de España. Y eso tiene muy mal arreglo porque a sus dirigentes se les ha demostrado que es posible ignorar las pautas más elementales del comportamiento democrático sin que caiga sobre ellos el poder del Estado.
No sabemos en qué terminará todo este montaje del derecho a decidir. Pero podemos estar seguros de que Cataluña se ha convertido ya en un espacio ingobernable donde sólo se cumplen las normas que convienen a los intereses nacionalistas y se ignoran olímpicamente las que no. En ese sentido, por lo menos, Cataluña es ya un territorio con funcionamiento independiente, aunque forme parte de España.
VICTORIA PREGO, EL MUNDO 05/02/14