EL MUNDO – 23/02/16 – F. SOSA WAGNER Y M. FUERTES
· Los autores lamentan la falta de miras de los líderes europeos que al ceder a los caprichos de Reino Unido han abierto una brecha en la UE, por lo que recomiendan acabar con el Consejo Europeo e imponer otro sistema.
Las decisiones tomadas por los jefes de Estado y de Gobierno en el último Consejo Europeo (celebrado los días 18 y 19 de febrero) han supuesto un garrotazo a la construcción europea de consecuencias perfectamente previsibles. Como sabemos sus nombres y apellidos podemos afirmar que serán ellos quienes carguen con la responsabilidad histórica de haber borrado de nuestro horizonte la arribada al puerto de una Europa fuerte, de una Europa que cuente en la política mundial y desde luego de una Europa solidaria y socialmente sensible. Esas metas han desaparecido y ello ha ocurrido por la acción de unos gobernantes que se han avenido, con nocturnidad, a aceptar la extorsión del primer ministro del Reino Unido.
La historia les juzgará y, a no dudar, serán por ella condenados. Algunos, pasado el tiempo, se avergonzarán de lo que han aceptado. Porque, no lo olvidemos, los acuerdos en ese sanedrín se adoptan por consenso: todos han consentido, todos han permitido que el egoísmo de un país y sus paranoias se impongan a conquistas capitales de los ciudadanos y a los esfuerzos logrados en largos años de batallas cruentas. ¡Qué patético el visto bueno del presidente rumano, esloveno o croata a la amputación de los derechos de sus nacionales en su condición de ciudadanos europeos! ¡Qué bochorno les embadurna y les degrada! ¿Qué cara van a poner todos ellos cuando aparezca la señora Le Pen en ese mismo ágora pidiendo, para Francia, lo mismo que ha pedido el señor Cameron para Reino Unido estos días infamantes del mes de febrero?
El boquete abierto es colosal y por él entrarán triunfantes todas las mezquindades nacionalistas inventadas y por inventar. La brecha en el castillo europeo es de dimensiones notables y lo peor es que los trucos para entrar en él e ir desmontando sus piezas se han desvelado. Ahora, cuando ya conocemos los planos del ataque enemigo, solo es cuestión de tiempo planear el asalto final y mandar al desguace o a la irrelevancia a las instituciones, enterrando así la ilusión europea bajo el sonido abrupto de las trompetas de la destrucción: ¡adiós a los suaves compases de la Novena de Beethoven! Y todo ello en medio del regocijo de quienes han empuñado la piqueta con la que habrán logrado destruir medio siglo largo de Historia.
Tal es el desaguisado ocasionado por el Consejo Europeo. Un órgano que tiene encomendado por el Tratado «dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo…» (artículo 15). Justo lo contrario de lo que acaba de perpetrar.
Menos mal que carece de atribuciones legislativas pero el hecho de que hayan tomado sus funerarios acuerdos ante la mirada permisiva del Parlamento y de la Comisión obliga a conjeturar los peores augurios. Sobre todo el Parlamento debería alzarse en votos contra el desafuero y debería anunciar ya su oposición a otorgar su respaldo a los atropellos de febrero. Es la hora de los grupos popular, socialista y liberal, la hora en la que deben demostrar que están en el hemiciclo de Estrasburgo para defender a Europa y a las instituciones comunes.
Nosotros lo tenemos escrito desde hace años: volver al origen institucional diseñado por los padres fundadores que no pensaron en las reuniones formales –en el espacio de las instituciones europeas– de los jefes de Estado y de Gobierno es urgente. Se trata de la mayor rémora que existe en el funcionamiento de la Unión y causa eficiente de sus muchos desprestigios. Durante décadas ha sido el lugar del intercambio de cromos entre los Estados, lo que se ha puesto de manifiesto en la condescendencia practicada en su seno con los incumplimientos de las normas: límites de la deuda o del déficit, insolidaridad con los intereses de la Casa común de algunos Estados como el Reino Unido, o el dumping fiscal de Irlanda, o el régimen tributario tan singular de Luxemburgo y Chipre… Si se quiere que Europa y sus instituciones comunes vivan es necesario que el Consejo europeo muera dejando de formar parte de tales instituciones. ¿Hace falta mayor prueba que el fracaso de la política de inmigración confiada, una vez más, al Consejo Europeo?
Aunque nos preocupa lo decidido sobre la unión bancaria, sobre los derechos de los trabajadores, en este momento queremos llamar la atención sobre el que ha trucado la balanza del equilibrio de poderes que se reflejaba en la configuración del denominado principio de subsidiariedad.
Sabemos que según el Tratado, la Unión Europea sólo ha de legislar «en el caso de que» y «en la medida en que» los objetivos que se pretenden conseguir no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros (art. 5). Para asegurar esta previsión un Protocolo regula el procedimiento denominado «mecanismo de alerta temprana» con el fin de que los Parlamentos nacionales y regionales manifiesten su opinión sobre el cumplimiento de tal principio en toda nueva iniciativa legislativa.
Tal como uno de nosotros ha explicado (Mercedes Fuertes, Combatir la corrupción y legislar en la Unión Europea, Marcial Pons, 2015) durante estos años ciertamente muy pocas iniciativas legislativas han quedado paralizadas como consecuencia directa de ese procedimiento de «alerta temprana» –por ejemplo, la regulación armonizada de los mecanismos de conflicto colectivo– o están siendo retrasadas –como ocurre con la creación de la Fiscalía europea–. Pues bien, conocida esta situación, sorprende cómo los Jefes de Estado y de Gobierno insisten en dar más peso a las opiniones parciales o sesgadas de los Parlamentos nacionales y regionales frente a las negociaciones integradoras que se siguen en las instituciones europeas, entre ellas, en el Parlamento que nos representa por igual a millones de ciudadanos europeos. Porque según el nuevo acuerdo, cuando una mayoría de Parlamentos nacionales haya manifestado su rechazo a la iniciativa, el Consejo de Ministros debe analizar el proyecto y, sólo si ve incorporadas las consideraciones locales, procederá a su votación.
NOS PARECE grave esta opción porque, por un lado, minora el poder del Parlamento Europeo que ha podido aprobar mayoritariamente la iniciativa legislativa por entender que existe un relevante interés europeo. Por otro, introduce una notable confusión ya que, para considerar ese rechazo nacional, hay que atender al pronunciamiento en contra del 55% de los Parlamentos, porcentaje del que –según este nuevo acuerdo del Consejo– deben excluirse aquellos que no han participado. Esta última precisión es determinante porque, con frecuencia, ni siempre los Parlamentos nacionales o regionales contestan a todas las iniciativas de la Comisión ni sus opiniones de rechazo coinciden, lo que puede perturbar la comprensión de esas mayorías de oposición. Una tendencia disgregadora contraria a lo que debería ser la Unión.
Como guinda ya no se perseguirá, como quieren los Tratados, «una Unión cada vez más estrecha». Tal renuncia significa desligarse lisa y llanamente de todo lo que de sueño ha tenido el empeño europeo.
Conclusión amarga: venimos de los padres fundadores (Monnet, Schuman, Adenauer…) y hemos llegado a los padrastros destructores (Cameron, Hollande, Rajoy, Renzi, Antonio Costa…). Que la divina Providencia no les perdone.
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, catedráticos de Derecho Administrativo, son autores de Cartas a un euroescéptico (Marcial Pons, 2014).