Tres días después de que el Rey -en su impecable mensaje navideño- advirtiera que la erosión de las instituciones es uno de los tres grandes peligros que amenazan a la democracia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial designó por unanimidad a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde nominar. El acuerdo alcanzado el martes es una excelente noticia, no solo porque permitirá proceder a la renovación parcial del TC prevista por la Constitución, sino sobre todo porque por primera vez, la elección de los candidatos se ha hecho por consenso y no por cuotas. Los designados, César Tolosa y María Luisa Segoviano, son dos juristas que reúnen los dos requisitos básicos para poder cumplir adecuadamente sus funciones como magistrados constitucionales: la excelencia profesional y la independencia política. Ambos son o han sido presidentes de Sala del Tribunal Supremo y no han tenido vinculación directa con ningún partido. Ello explica que hayan sido elegidos por «consenso» de todos los vocales del CGPJ.
Se ha puesto fin así a un escandaloso bloqueo provocado por el empeño de la mayoría de los vocales de seguir el perverso sistema de cuotas entre conservadores y progresistas según el cual cada bloque presentaba a un candidato y debían respaldarse mutuamente. Los vocales de obediencia gubernamental pretendían que el otro «bloque» respaldase a su candidato y no aceptaban su veto. Finalmente se ha impuesto la razón constitucional que exige necesariamente la posibilidad de vetar a cualquier candidato que no haya sido consensuado. Gracias a los paradójicamente denominados por algunos «vocales rebeldes», la Constitución se ha cumplido.
De esta forma, la renovación parcial por tercios del TC ha quedado desbloqueada y cabe prever que el Gobierno desista de llevar a cabo las modificaciones que pretendía de la LOTC y criticadas por la Unión Europea. No parece, sin embargo, que vaya a renunciar a su propósito de nombrar como magistrados (los dos que cada nueve años corresponde nombrar al Ejecutivo) a dos personas directamente vinculadas a él (un exministro y una exdirectora general). El presidente del TC ha convocado ya un Pleno para verificar la idoneidad de los cuatro nuevos magistrados.
La buena noticia de la renovación del Tribunal Constitucional no debe hacernos olvidar que persiste el bloqueo del CGPJ con consecuencias gravísimas en tanto que decenas de puestos en la alta judicatura están sin cubrir. En este contexto es obligado que el Congreso y el Senado -órganos constitucionales que deben elegir cada uno a diez vocales del CGPJ- escuchen los requerimientos del Rey y de la Unión Europea y renueven a la mayor brevedad la institución. Pero no de cualquier forma, no por el inconstitucional sistema de cuotas, sino por consenso. No es tan difícil: basta ir proponiendo nombres y aceptar el veto a aquellos que no suscitan el respaldo mayoritario.