Teo Uriarte se ha convertido, tras desempeñar la tenencia de alcaldía de Bilbao y militar en EE y en el PSE-PSOE, en un referente moral y político repleto de valores positivos. En otras palabras, en un tipo cívicamente admirable, con una capacidad autocrítica fuera de lo común. Uriarte sí ha trabajado y trabaja por la democracia y la libertad en Euskadi y en el conjunto de España. Ahora lo hace al frente de la Fundación por la Libertad en cuya web publica unos magníficos textos. De entre los más recientes destaca el titulado «Propaganda de guerra y muertos» del pasado 28 de septiembre, en el que arremete contra el nuevo anteproyecto de ley de ‘Memoria Democrática’.

Escribe Uriarte: «Razones tengo para no tenerle ninguna simpatía al franquismo, pero este anteproyecto de ley de persecución de la disidencia tiene que ver no tanto con ir contra el régimen como silenciar cualquier oposición y, por supuesto, nada con la democracia. Implica más ser parte medular del proyecto de ruptura con la Constitución que el de liquidar la inexistente amenaza del franquismo». Y añade: «La Memoria Histórica viene a institucionalizar la vieja España del enfrentamiento como si el Gobierno del Frente Popular acabase de ganar la guerra civil, echando a pique todo el esfuerzo político y modernizador de estos cuarenta años».

No pueden contener más contundencia estas reflexiones de Uriarte que está especialmente legitimado para expresarlas. El anteproyecto que ha salido del ministerio que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo es muy dudoso en lo jurídico y cuestionable en lo político porque no tiene que ver con el ánimo de justicia, sino con la implementación de una política divisiva que desconoce, no solo los logros que recuerda Teo Uriarte, sino también la doctrina del Tribunal Supremo que en su sentencia de 27 de enero de 2012, en la que se absolvió a Baltasar Garzón de una acusación de prevaricación, proscribió los llamados «juicios de la verdad».

Adujo la Sala Segunda del Supremo que, sin perjuicio de las justas reclamaciones de las víctimas en las jurisdicciones adecuadas, la responsabilidad penal en la que pudieran haber incurrido dirigentes de la dictadura franquista quedaba extinta por el fallecimiento de los posibles autores, por la prescripción de los delitos que hubieren cometido y por la aplicación de la ley de amnistía de 1977, gracias a la cual Teo Uriarte y tantos otros recobraron la libertad y la plenitud de sus derechos.

Crear una Fiscalía Especial para investigar los crímenes del franquismo esquiva la significación profunda del proceso de la Transición

Crear una Fiscalía Especial para investigar los crímenes del franquismo esquiva la significación profunda de la transición, proyecta una visión parcial, hemipléjica y revanchista sobre nuestro pasado reciente, ignora la amnistía de 1977 y desconoce la doctrina del Supremo. Y como todo esto no puede escaparse a los redactores de este anteproyecto —innecesario para reparar a las víctimas porque ya hay otra ley de 2007 y disposiciones administrativas vigentes y las que pueden adoptarse si precisas fueren— hay que llegar a la conclusión de que se trata de una política legislativa periférica a los problemas esenciales del país y muy inoportuna dadas las circunstancias por las que atraviesa. Parecen desear los impulsores de esta iniciativa echar gasolina al fuego.

Este anteproyecto de ley trata de poner el foco del debate más allá de los problemas que acucian al Gobierno: la pandemia, la crisis económica subsiguiente y su enorme capacidad para crear conflictos institucionales, sea con la Jefatura del Estado o con el Poder Judicial, por no hablar de los que conciernen a su socio en la coalición. La vinculación del PSOE con la extrema izquierda de Unidas Podemos en el Gobierno y su dependencia parlamentaria con los independentistas catalanes y los abertzales, que siguen defendiendo el legado de sangre y fuego del terrorismo de ETA, parece imponerle un peaje inasumible para continuar por el recorrido histórico que se inició con la Transición y el pacto constitucional de 1978.

Por eso inquieta que Carmen Calvo pretenda formular la «memoria democrática» en los términos de su anteproyecto y al mismo tiempo se reúna en la Moncloa, amnésica de lo que representa, con Mertxe Aizpurúa, que sin remitirse a demasiado tiempo atrás, y en todo caso ya en plena democracia (1984), fue condenada por enaltecimiento del terrorismo de ETA. Ella y Bildu no han condenado los más de 850 crímenes de la banda y siguen celebrando los ‘ongi etorris’ a los etarras. Una lacra esta del abertzalismo proetarra a la que Teo Uriarte, aquel hombre que estuvo a punto de ser fusilado en 1970 en un paredón del franquismo y que simboliza la reconciliación en la mejor versión de nuestra reciente historia, ha denunciado y sigue haciéndolo con esa integridad moral y cívica que tanta falta hace en España.