Ignacio Camacho-ABC
- Tras el indulto, la renuncia a reclamar el dinero del fraude. La insurrección sale impune y la malversación de balde
En democracia las resoluciones judiciales se respetan, salvo por parte de Podemos y algunos otros socios del sanchismo, como expresión de la autonomía y la supremacía del Derecho. El acatamiento se da por supuesto. Ello no impide que sean susceptibles de crítica desde un punto de vista jurídico, no político ni intencional, y que se puedan discutir sus conclusiones o sus fundamentos. Cabe pues, sin someter a duda la motivación de los jueces, expresar cierta perplejidad ante el fallo del Supremo que rechaza los recursos contra los indultos a los líderes del ‘procés’ por falta de legitimación de los partidos y diputados que los interpusieron. Dicho de manera sucinta, si los representantes de los ciudadanos -esa legitimidad es indubitada- carecen de facultades para apelar una decisión del Gobierno relativa a una sublevación contra el orden constitucional, no está nada claro quién puede hacerlo. También es posible formular algún interrogante sobre el procedimiento y cuestionar por qué un asunto de tan especial trascendencia ha sido despachado por una Sala en vez de por el Pleno. Pero en fin, «Roma locuta, causa finita»: cuestión cerrada a expensas de que la Corte de Garantías se pronuncie al respecto.
Caso distinto, en el que sí procede el juicio de intenciones, es la retirada de la Abogacía del Estado en la reclamación de los fondos públicos malversados durante la insurrección independentista. Porque se trata de una renuncia voluntaria y específica a ejercer de ‘parte ofendida’ en un delito sentenciado por la justicia con el peregrino argumento de que el dinero desviado salió de los presupuestos de la autonomía… cuyos responsables fueron al mismo tiempo los promotores de la revuelta subversiva. Es decir, que el Ministerio de Hacienda, tan exigente en la persecución de irregularidades financieras, no se considera perjudicado por la utilización fraudulenta de los caudales con que avala a la Generalitat su cuantiosa deuda y desiste de recuperarlos en el Tribunal de Cuentas. Si esto no es un intento de condonación (mal) encubierta que baje Dios y lo vea.
Pero no hace falta que baje porque todo el mundo está al cabo de la calle: este repliegue constituye otro pago flagrante de los favores del separatismo catalán a Sánchez. Aquel «no te preocupes» del presidente a Junqueras se va cumpliendo detalle por detalle, primero con el indulto que sacaba a los sediciosos de la cárcel, luego con privilegios fiscales y ahora con las maniobras para que el golpe salga de balde. Qué importancia pueden alcanzar unas responsabilidades monetarias para quien fue capaz de proclamar que un veredicto tras un proceso penal justo es una venganza. El levantamiento está olvidado y absuelto en virtud de una alianza de poder a cambio de medidas de gracia. Pelillos a la mar; al fin y al cabo sólo se trataba de romper la integridad soberana de España.