COVITE denuncia al Ayuntamiento de Rentería por subvencionar a una herriko taberna

LA TRIBUNA DEL PAIS VASCO – 15/08/15

· El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha interpuesto una denuncia penal contra el Ayuntamiento de Rentería, gobernado por EH Bildu y la coalición Errenteria Irabaziz, por conceder una subvención a una herriko taberna del municipio que ha sido condenada por el Tribunal Supremo por formar parte del entramado de financiación de ETA.

El Colectivo ha acusado al concejal de Cultura, Ion Collar Rioseco, al alcalde, Jon Mendoza Pérez, y a los miembros del equipo de Gobierno de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

En la denuncia, COVITE argumenta que el 12 de julio de 2015, la web de EH Bildu Rentería publicó una nota denunciando “el cierre y el robo del local”, denominado Landare Elkartea, junto a una imagen del establecimiento. En la información se hacía referencia a la sentencia que el Tribunal Supremo había hecho pública el 2 de junio en la que decretaba la clausura y la subasta pública de 111 herriko tabernas, incluida Landare Elkartea, por contribuir económicamente a la financiación de las estructuras de ETA.

La formación calificaba en su web el fallo como “un robo a mano armada”.

Además, el Colectivo ha aportado en su denuncia mensajes publicados en Twitter desde las cuentas del alcalde y de otros miembros del equipo de gobierno contra la sentencia del Tribunal Supremo y el decomiso de la citada herriko taberna.

Por todo ello, COVITE ha denunciado al Ayuntamiento de Rentería por un delito de prevaricación y ha afirmado que el consistorio concedió la subvención a la herriko taberna “a sabiendas de su injusticia y de manera arbitraria”, ya que conocía que había sido “decomisada por servir a la financiación de ETA”.

A  esta  acusación,  el  Colectivo  ha  unido  la  de  malversación  de  caudales  públicos,  ya  que “administraron el patrimonio público encomendado, excediéndose en el ejercicio de su autoridad y causando un perjuicio”.

COVITE ha advertido que es “una perversión moral que quienes no han condenado a ETA aprovechen su presencia en las instituciones públicas para financiar las estructuras de la banda terrorista”.