Para entender el actual rumbo, o más bien la deriva, de la política española es preciso evaluar el papel del Partido de los Socialistas de Cataluña como mentor colectivo de las relaciones del Gobierno con el separatismo. Primero con Zapatero y ahora con Sánchez, el PSC ejerce sobre el PSOE un ascendiente cardinal desde principios de este siglo, influencia que se remonta al apoyo decisivo que prestó a ambos en los procesos de selección interna en que fueron elegidos y se ha solidificado gracias a una base electoral capaz de sacarlos de apuros críticos. Durante la época felipista, su poder de iniciativa estaba limitado por el férreo control de Guerra y porque era el carisma de González el que captaba el voto españolista de la inmigración de procedencia andaluza, extremeña o gallega. Sin embargo, el relevo biológico y la irrupción de unas generaciones ya educadas en la inmersión lingüística de la escuela han introducido el factor identitario en el tradicional eje derecha/izquierda y arrastrado a la antigua organización socialdemócrata a un perceptible cambio de tendencia. Aunque quien actuó de enlace con los independentistas durante el ‘post-procès’ fue Pablo Iglesias, hace ya algún tiempo que Illa e Iceta se desempeñan como inductores del entendimiento estratégico con Esquerra. La negociación de la moción de censura y luego de la investidura de 2020 fueron las obras maestras que les ganaron la confianza del presidente y el privilegio de una interlocución directa.

Sucede que el PSC, oficialmente partidario de un catalanismo constitucional, posee un ‘alma’ criptonacionalista cada vez menos oculta. En un hipotético referéndum de secesión se pronunciaría contra la ruptura, pero nunca se ha opuesto con contundencia –más bien al contrario– al reconocimiento de una soberanía propia de Cataluña. En 2013, catorce diputados en el Congreso, entre ellos Meritxell Batet, votaron a favor de una consulta, y en 2017 el propio Iceta defendió la ‘vía canadiense’ para rectificar más tarde de forma tan forzada como confusa. En otras ocasiones, diversos dirigentes se han mostrado proclives a una suerte de confederalismo abstracto y los coqueteos con la autodeterminación se han multiplicado a medida que las alianzas de Sánchez lo hacían necesario. Puigdemont ha vetado a Illa como intermediario en Waterloo pero el exministro, que tras los resultados de julio se ve en la Generalitat, susurra en la oreja de Sánchez la orientación táctica de los pactos. La paradoja del caso consiste en que la facturación electoral que puede servir para revalidar el mandato sanchista se debe, además de al pragmatismo de muchos ‘indepes’, al respaldo de buena parte de los náufragos que dejó la autodestrucción de Ciudadanos. Gente bienintencionada que al intentar escapar del nacionalismo obligatorio por el camino equivocado corre riesgo de acabar arrojada en sus brazos.