EL PAÍS 04/04/15
EDITORIAL
· La venta de expedientes biomédicos aprobada por Cataluña puede vulnerar la intimidad
La venta de datos de los pacientes de la sanidad pública que acaba de autorizar Cataluña es una decisión no exenta de riesgos. El primero y más importante, que no queda plenamente garantizada la confidencialidad de un caudal de información especialmente sensible.
Antes de autorizar la cesión de los perfiles biomédicos, la Generalitat asegura que serán sometidos a un proceso de “anonimización” para evitar que los pacientes sean identificados con nombre y apellidos. Para reforzar el secreto también quedarán ocultos otros rasgos relevantes asociados a su persona. El proyecto elaborado por el Ejecutivo de Artur Mas implica que los historiales clínicos se pondrán a disposición de centros de investigación y universidades para trazar mapas de determinadas patologías o abordar tratamientos, pero abre grietas en el derecho a la intimidad.
La gestión de despersonalización de los expedientes se encomienda un organismo público, la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, aunque existen dudas de que esta limpieza sea una garantía de protección suficiente. Los avances tecnológicos permiten hoy en día utilizar mecanismos informáticos para revertir el borrado de identidades y recuperar los archivos personales de los pacientes.
Cabe también el temor de que esta gigantesca base de datos almacenada en hospitales y centros sanitarios no se utilice para los fines inicialmente previstos —asistenciales, científicos, docentes, estadísticos, epidemiológicos— sino que se comercialice con ellos y acaben sirviendo a intereses particulares.
Si se abre la puerta a que puedan ser cedidos a terceros —un aspecto que podría vulnerar la normativa comunitaria— no es una quimera pensar que alguien termine haciendo negocio con los perfiles clínicos de los pacientes. Es significativo que un alto porcentaje de los robos electrónicos de datos estén relacionados precisamente con el big data sanitario.
Sobre las autoridades que velan por el derecho a la privacidad, y en especial sobre la Agencia Española de Protección de Datos, recae la responsabilidad de preservar la confidencialidad de todo tipo de referencias personales delicadas, y los historiales médicos de los ciudadanos lo son. Un mundo informatizado y globalizado exige una mayor la protección de los derechos y de las libertades individuales.