Luis Ventoso-ABC

  • Nunca pensamos que veríamos a un Gobierno español impulsando formas de censura

Sánchez llegó al poder con 85 escaños pelados, mediante una alianza con los separatistas de la sedición de 2017, inadmisible para el PSOE hasta entonces. Se convirtió en el presidente con menor apoyo y el primero que incumplía la norma no escrita de que aquí gobernaba el más votado. La legislatura resultó una pompa de jabón. Tomó posesión el 2 de junio de 2018 y solo nueve meses después ya se veía obligado a convocar elecciones ante su extrema debilidad. El corto período lo entretuvo con toneladas de propaganda, «viernes sociales», cromos a lo Kennedy en Instagram y lisonjas a los separatistas. Como hechos concretos, solo tres: la subida del salario mínimo, la ampliación del permiso de paternidad y la

retirada de Franco del Valle de los Caídos. Por supuesto fue incapaz de llevar a cabo la labor medular de todo Gobierno: aprobar unos presupuestos. El crac económico de la pandemia nos pillará todavía con los que Sánchez denostaba como «los presupuestos antisociales de Montoro», el ministro de Hacienda perpetuo.

Franco llevaba entonces 43 años muerto y olvidado. Pero Sánchez necesitaba ocupar la agenda pública con algo y lo convirtió en su ministro sin cartera: no había consejo de ministros sin él. Cuando el helicóptero se llevó el féretro a Mingorrubio, como en un gran plano de Fellini, un Sánchez exultante declaró que vivíamos «una gran victoria de la democracia española». La sorpresa es que de tanto andar con Franco a vueltas parece que algo se les ha pegado. Jamás pensé que en mi vida adulta vería a un Gobierno de España impulsando y defendiendo formas de censura. Pero ahí estamos. Al general Santiago no se le calentó la boca cuando el domingo afirmó que la Guardia Civil trabaja «para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». La Ser, afín al PSOE, ha revelado que tres días antes se envió una orden a las comandancias en idénticos términos. Por si quedasen dudas, la ministra Celaá remarcó ayer que no se pueden aceptar «mensajes falsos» que vayan contra la salud y el Gobierno. ¿Y aquí llega el quid? ¿Quién decide qué noticia es falsa y cuál no, quién establece qué es bulo? Pues el Gobierno progresista. En un curioso bucle, como en la censura del franquismo.

Los juristas lo ven aberrante, un dislate. En una democracia cabe presentar una denuncia si se cree que una información o unas declaraciones son difamatorias. Pero jamás se puede dejar en suspenso el derecho a la libertad de expresión aplicando el cedazo censor gubernamental. ¿Hay que callar ante un Gobierno que ha repartido más de 350.000 mascarillas defectuosas en hospitales? ¿Es un bulo alarmante que desprestigia a Sánchez remarcar bien alto que ya hay 31.788 sanitarios contagiados? Pues a eso aspira el Gobierno de Franco. Uy, disculpen el lamentable «lapsus linguae»… queríamos decir de Sánchez.

Para que no me censuren: sí, el Gobierno es estupendo. Aunque no sea capaz de organizar sin un carajal ni la salida de los chavales a la calle. Ha dejado los detalles en manos de la vicepresidencia de Iglesias. Confiemos en que no acaben de convivencia en un koljós colectivista…