El proyecto de Presupuestos que plantea el Gobierno es optimista, lo cual no es ninguna sorpresa, pues siempre lo son, con todos los gobiernos de todos los partidos. Estos, además de optimistas, son también generosos. De una generosidad ilimitada. Desde que apareció el covid, en este país, no hemos sido capaces de generar riqueza, el PIB es inferior, y tenemos menos empleos, incluso sin contabilizar los acogidos a los ERTE ni los autónomos con actividad limitada que, en conjunto, son casi medio millón de personas. A esta incapacidad hemos de añadir la manifiesta pereza, cuando no aversión, gubernamental hacia todo lo que suene a racionalizar el gasto, evitar duplicidades y eliminar superficialidades. Como resultado, tenemos un déficit desbocado y una deuda hipopotámica.

Pero nadie se asusta por ello y el Gobierno el que menos de todos. Por eso, el proyecto de Presupuestos confirma la voluntad de contentar a los votantes, la decisión de apoyar a los rezagados y la intención de gastar en todo aquello que sirva para presentarse como el paladín del progresismo y la magnanimidad. Resultado: en 2022 batiremos de nuevo el récord de gasto.

Hay para todo y para todos. Las pensiones subirán un 4,8%, con una impresionante cifra de 171.165 millones. Eso sucede porque el mecanismo de solidaridad intergeneracional no acaba de salir de la alborotada mente del ministro Escrivá y porque se agrava la peligrosa tendencia a que quienes salen de la actividad gozan de pensiones cada día más elevadas y quienes entran a cotizar pagan menos, debido a unos salarios escasos. El factor de sostenibilidad se apartó por inconveniente, pero su sustituto no está y nadie lo espera antes de las elecciones. De ahí que resulte una vergüenza absoluta que la parte aprobada de la reforma incluya nuevos gastos y ningún nuevo ingreso. ¿Va a mejorar así la sostenibilidad del sistema? Evidentemente no, pero la han aprobado sin pestañear.

Luego está la factura de los funcionarios. Una plantilla que crece en número -la EPA dice que el 17,4% de todos los trabajadores cobra del sector público, un nuevo rcord, de los que el 27,5%, es decir 1.033.000, son interinos-, y cuyo costo supera ya el volumen de las ayudas europeas. Son dos cifras inconexas, pero sirven para calibrar su tamaño. En función de los escenarios de inflación, tendrán más de 5.000 millones extras. También hay para los jóvenes, con más becas, mayor apoyo a la inserción laboral, a la FP y bonos para el alquiler y el consumo de cultura, hasta un total de unos 10.000 millones. Y así sigue luego la generosidad desparramada por todos los conceptos presupuestarios.

¿Qué cómo se paga esto? Pues con dinero nuestro -más impuestos-, y dinero ajeno -más deuda-. Lo que debemos nos cuesta ya 30.223 millones y la factura subirá si lo hacen los tipos de interés. La ministra de Hacienda asegura que la previsión de ingresos es prudente ya que suben un 8,1% cuando el PIB nominal lo hará al 8,6%, aunque después del reciente fallo del INE ya no sabe uno qué pensar y menos ante la evolución del precio de la energía, las materias primas, los fletes, etc. De las subidas de impuestos hablaremos otro día. Pero le adelanto la reaparición del impuesto más dañino, aunque silente, que es la inflación. En España hay un billón de euros alojados en depósitos y cuentas corrientes. Con una inflación ¿del 3%? y unas remuneraciones del 0% se volatilizarán 30.000 millones. Terrible, pero de esto no tiene la culpa el Gobierno.