De Urdangarin, Begoña y los jueces

Poner en paralelo los titulares que generó el proceso judicial contra Iñaki Urdangarin y los de la causa contra Begoña Gómez es un buen ejercicio para comprobar el filibusterismo mediático y político. Hace ahora trece años, la prensa de izquierda con los políticos socialistas a la cabeza, respaldaban la petición de Manos Limpias –entonces una modélica organización que perseguía el delito, hoy un sindicato ultra que desea a Sánchez todos los males– para que se le retirara el pasaporte al yerno de Juan Carlos I. Todos ellos, prensa, partidos y acusación popular, se maliciaban que el exduque podía trasladarse a Qatar como segundo entrenador de la selección nacional de balonmano y eludir la acción del magistrado. Y es que en ese tiempo la acusación popular –ejercida por Manos Limpias– era una institución nuclear para la transparencia de los poderes públicos. Es decir, cuando esa acusación ponía en solfa el caso Gürtel o el enriquecimiento ilícito del exmarido de una Infanta, había que ir a muerte con ella. Ahora, cuando son los mismos actores los que persiguen los desmanes de la mujer y el hermano del presidente socialista pues hay que acabar con ellos, como defendió esta semana el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En aquel tiempo, la hermana de Don Felipe y su pareja estuvieron en el punto de mira de Manos Limpias. Nadie tachó a esta acusación de «pseudosindicato» ni de querer derribar el sistema. Acaso, solo el PNV se revolvió contra él tachándolo de «franquista» cuando osó dirigir su foco hacia Juan María Atutxa. Pero a la izquierda y al nacionalismo en general les pareció estupenda su actuación contra los casos de corrupción del PP. Y el propio juez José Castro, instructor del caso Nóos, vio el cielo abierto y usó como instrumento de acusación a Manos Limpias contra la hija del Rey, a la que esa entidad llegó a pedir ocho años de cárcel. Luego la Audiencia Provincial de Baleares terminó tirando de las orejas a Castro, un magistrado con ínfulas de juez estrella que acabó de candidato de Podemos en 2023. Pero el daño estaba hecho y en la izquierda nadie clamó contra la pena de telediario: Doña Cristina terminó haciendo el paseíllo a los juzgados de Palma para ser interrogada, a diferencia de Begoña Gómez, que entra por el garaje, como una buena vip; progresista, claro.

Entonces lo que primaba era luchar contra el trato de favor. Por consiguiente, no salieron tertulianos a decir que ese juez se extralimitaba, que era un pésimo instructor, que su familia era de tal partido político, que debería ser sancionado por el Consejo General del Poder Judicial. Al cabo, lo que se pedía era bien distinto: la justicia no puede hacer distingos, todo el mundo es igual ante la ley, y se sacaba en volandas mediáticas a Castro, del que se decía que había «rendido a La Zarzuela». Todo eran parabienes de que el entonces miembro de la Familia Real fuera a la cárcel «por prevalerse de su posición familiar para inducir a una autoridad o a un funcionario a adoptar una resolución en beneficio propio o de un tercero», como sostuvo su sentencia condenatoria. Cambien el nombre y donde pone Iñaki pongan Begoña y la descripción del comportamiento inmoral –veremos pronto si también ilícito– de la cónyuge presidencial le sienta como un anillo de esmeraldas al dedo de Zapatero.

El caso de Urdangarin demostró que la vinculación familiar de una persona con la Jefatura del Estado no alteraba, en absoluto, la aplicación de la ley si había materia probatoria. A todos los que cacarearon durante años que nunca un miembro de la realeza por vía consorte iría a la cárcel, supongo que el lustro que estuvo el exmarido de la hija de Don Juan Carlos entre la trena y libertad condicional les pondría delante de su propio espejo. Iñaki no era una lumbrera, carecía de oficio y buscó el beneficio amparado en su libro de familia. Con el caso Nóos se juzgó toda una época y, en alguna medida, marcó la salida de Don Juan Carlos del trono. Fallaron los controles –si es que los hubo– y un buscavidas, imbuido de una posición institucional que le vino grande y deslumbrado por la cultura del pelotazo tan del momento, se llenó los bolsillos de dinero público, facilitado por políticos deseosos de agradar al poder. En claro paralelismo con Iñaki, la consorte del presidente actual se escondió tras una cátedra sin ánimo de lucro (como el instituto Nóos), pero lucro hubo. Y mucho. A ella le crearon un juguete académico para captar fondos públicos y privados, dinero del erario que finalmente llegó a los destinatarios gracias a los «buenos oficios» de la consorte. En su caso, también hubo un colaborador como el Diego Torres de Urdangarin: se llama Carlos Barrabés, imputado como ella. No sé si fue ilegal o no, pero estética y éticamente el expediente de Gómez es sonrojante. Un familiar del jefe del Ejecutivo mandando cartas de recomendación para alzaprimar a varios oportunistas.

Con Urdangarin se aplicó una suerte de inquisición y un juicio paralelo abominable, que quería ser empático con la indignación social aumentando la visceralidad popular. Con Begoña Gómez, cuyo concurso no es muy diferente, la Oficina de Conflictos de Intereses no permitió que administrativamente se la investigara y ahora hay una cacería contra un juez que está resuelto, aunque a veces, como todos, cometa desproporciones, a desenmascarar un ilícito. Tan lejos todo de la anuencia con el podemita Castro, al que las tricoteuses aplaudieron a rabiar mientras se creía el nuevo Robespierre.