Decididos a tocar fondo

Que Cataluña y Andalucía se muestren agraviadas a la vez y se expresen contra el Estado es un indicador de hasta dónde socialistas y nacionalistas quieren llevar su estrategia de desarticulación del Estado

Hace unos años, tuvo mucha repercusión en círculos políticos y académicos un libro del constitucionalista alemán Thomas Darnstädt titulado ‘La trampa del consenso’ (Trotta, 2005). Bajo ese título tan políticamente incorrecto se desarrollaba un análisis verdaderamente agónico, y por momentos indignado, del estado del federalismo germano. En un alegato contra la degradación del ‘federalismo cooperativo’, el autor describía cómo la necesidad de pactar la gran mayoría de las iniciativas había llevado al bloqueo de la agenda de reformas que Alemania necesitaba para su modernización. Alegaba Darnstädt que la necesidad de un regateo constante entre la autoridad federal y los Estados dejaba sin contenido el principio de mayoría, difuminaba hasta hacerlas indistinguibles las responsabilidades de las diversas administraciones, lastraba con costes crecientes las decisiones porque los acuerdos siempre tenían un precio, privaba de trasparencia a los procedimientos de decisión política que quedaban sustituidos por negociaciones alejadas del escrutinio público y, al final, dejaba sin contenido las medidas propuestas que habían sido despojadas de eficacia en el camino hasta su aprobación. «En el Estado diseñado por la Ley Fundamental –afirmaba el autor sobre la situación alemana– ya nadie tiene la última palabra pero todos pueden oponer su veto. Dado que Federación y Estados regionales, partidos y grupos parlamentarios, canciller y compañeros de coalición, asociaciones y Tribunal Constitucional continuamente se obstaculizan entre sí, ya sólo es posible la toma de decisiones por consenso. La vía democrática, en la que las decisiones son tomadas por mayoría por representantes electos, está bloqueada». Y añadía: «La potente Alemania industrial apenas se puede dejar ver en el mundo globalizado, ni como compañera de la Unión Europea».

Leídas hoy, estas consideraciones referidas a Alemania en 2003 pueden producir asombro o ser vistas simplemente como una exageración. Sin embargo, la incapacidad del modelo federal para generar las reformas socio-económicas que el país necesitaba fue un asunto tan real y apremiante que determinó un esforzado procedimiento de reforma constitucional del que salió una nueva definición y aclaración de competencias –no de recentralización– que unidas a una terminante exigencia de estabilidad presupuestaria ha renovado el sistema federal. Ahí está la razón por la que nos parece increíble que hace unos pocos años pudieran escribirse cosas como las que cuenta Darnstädt.

No es difícil acordarse de esto que se decía no hace mucho de Alemania después de contemplar el espectáculo deprimente que protagonizaron los gobiernos autonómicos disidentes en la última reunión del Consejo de Política Fiscal. El Gobierno andaluz no sólo da un portazo y se va de la reunión sino que su presidente, José Antonio Griñán, se instala en el terreno de la obscenidad política alegando que las exigencias de ajuste supondrían cerrar toda la red hospitalaria o miles de escuelas. No encontró Griñán otra medida para ejemplificar el impacto de los ahorros necesarios que una suerte de exterminio de los pobres, los niños y los enfermos que la derecha –¡siempre la derecha!– quiere ejecutar. ¿Por qué no evalúa los ahorros que son posibles en un aparato administrativo demencial como el que mantiene la Junta, en unas partidas de cooperación internacional que no son otra cosa que un derroche autocomplaciente, en esos miles de empleados públicos a los que la Junta ha insistido en convertir en funcionarios por el artículo 33? La discrepancia es tan legítima como reprochable es la manipulación demagógica de los mejores sentimientos que los ciudadanos comparten. Conceptos como solidaridad, derechos sociales, modelo de bienestar, están siendo objeto de apropiación por parte de demagogos con escrúpulos menguantes para eludir su responsabilidad como gobernantes. Algunos, además, exhiben su habitual doble vara con mayor desparpajo. El Gobierno catalán no ha dejado de hacer público su sentimiento de agravio por el trato recibido por su consejero de Economía, el señor Mas-Colell. No sé lo que hay de realidad en sus quejas pero, de lo que sí se puede estar seguro es de que tendrían mucha credibilidad, puestos a sentirse agraviados, si el «España nos roba» no se hubiera convertido en la divisa del equipo de Artur Mas, si éste no dedicara su tiempo a recorrer el mundo para explicar la mala suerte que tienen los catalanes por ser vecinos de España y no parte de ella, o si el hijo de Pujol, Oriol, no elaborara malas imágenes sobre ‘aguas podridas’, naturalmente españolas.

Que Cataluña y Andalucía se muestren agraviadas a la vez y se expresen contra el Estado es un indicador de hasta dónde socialistas y nacionalista quieren llevar su estrategia de desarticulación del Estado. Los primeros para rematar la faena de Zapatero a cuyo modelo de alianza con los nacionalistas, a costa del Estado, como llave para la recuperación del poder siguen apegados. Los nacionalistas, porque ven la oportunidad de hacer arraigar un independentismo legitimado por el discurso del bienestar y, por tanto, con mayor audiencia que el puramente identitario.

Para esto sirve la trampa del consenso. La experiencia alemana nos dice que en todos los sitios han cocido habas, es cierto, pero también que un problema esencial de gobernabilidad debe ser abordado antes de que prevalezcan los que parecen decididos a que toquemos fondo.