EL CORREO, 13/8/12
Un total de 87 presos vinculados con ETA han iniciado un ayuno como el del secuestrador de Ortega Lara, enfermo de cáncer
Arnaldo Otegi y 87 presos más. ETA y su entorno parecen convencidos de haber dado con la fórmula para echar al Ministerio del Interior el mayor pulso desde la declaración de cese definitivo de la violencia. La huelga de hambre que el miércoles inició el preso Josu Uribetxebarria, enfermo de cáncer, y a la que se han ido sumando por goteo internos de distintas prisiones de España tiene ya una dimensión considerable. Y no es baladí que a la estrategia se uniera ayer el rostro más visible de la ilegalizada Batasuna.
Otegi, que como el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díaz Usabiaga, cumple prisión por intentar reconstruir el partido a través del proyecto Bateragune, anunció su decisión de participar en la protesta a mediodía, a través de su cuenta de Twitter. Lo hizo, por ese orden, con ‘tuits’ en inglés, francés, castellano y euskera. «En solidaridad con Iosu, comenzamos una huelga de hambre indefinida en la prisión de Logroño», decía su proclama.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias citadas por Efe admitían que tanto Otegi como otros cincos presos de la cárcel riojana habían entregado los formularios pertinentes para declararse en huelga de hambre. Los mismos portavoces recalcaron que los seis reclusos habían desayunado normalmente y después, antes de la hora de comer, habían desvelado su intención de comenzar el ayuno.
También recalcaron que Otegi y sus compañeros no fueron al comedor a mediodía, aunque se estaban haciendo las comprobaciones necesarias para constatar que la huelga de hambre es real y no están ingiriendo otros alimentos, por ejemplo, que hubiesen comprado en el economato de la prisión.
La reivindicación de que Uribetxebarria, condenado por su participación en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, sea excarcelado es, a estas alturas, una especie de símbolo, puesto que las probabilidades de que su liberación se produzca no son menores. Sobre todo, desde que el viernes accediera a someterse a las pruebas médicas que exigía Prisiones antes de decidir si cabría aplicarle el artículo 92 del Código Penal, que contempla la excarcelación en supuestos de enfermedad muy grave e incurable.
Más ruido que nunca
El preso, en huelga de hambre desde la noche del miércoles, fue trasladado la semana pasada desde el centro sanitario de referencia de la cárcel de León hasta el hospital Donostia para poder ser atendido de unos nódulos y una metástasis por el mismo equipo médico que le trató de un cáncer de riñón de 2005 a 2009, mientras cumplía condena en Nanclares. Ahora, Instituciones Penitenciarias espera los resultados de las pruebas.
Mientras tanto, sin embargo, el mundo de ETA ha logrado hacer más ruido que nunca sobre el que considera su principal problema: los presos, sobre lo que siempre ha querido negociar con el Ejecutivo. En abril, se llegó incluso a nombrar seis interlocutores, elegidos por el colectivo de presos (EPPK), para abordar el tema con España y Francia. Fue en balde y, desde entonces, la izquierda abertzale y su entorno ha intensificado su protesta por lo que considera un «bloqueo del proceso de paz» por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Una queja que pudo escucharse el sábado en la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de San Sebastián.
Hasta ahora, el Gobierno ha respondido a las presiones de este mundo con firmeza. El 26 de abril presentó su plan de reinserción para permitir el cumplimiento de condena en cárceles del País Vasco a presos que rompieran públicamente con la banda. Desde entonces, apenas tres decenas se han desvinculado de la organización criminal. ETA ha prohibido a sus internos buscar soluciones individuales. La reacción de Interior fue más dispersión.
El colectivo sigue enrocado en la exigencia de «amnistía y autodeterminación». Pero ahora ha puesto al Gobierno en una situación delicada. Especialmente, si se mantiene la huelga de hambre y otro tipo de acciones como encierros en celdas, más allá del ‘caso Uribetxeberria’.
EL CORREO, 13/8/12