Era una ingenuidad pensar que un movimiento social tan numeroso y aguerrido como el de los jubilados iba a poder transitar mucho tiempo por las calles de nuestras ciudades sin ser objeto de deseo de sindicatos y partidos políticos. Como era de esperar, según aumenta la presión exterior, el colectivo se resquebraja y la convocatoria de la huelga general prevista para el jueves 30 puede acabar por destruirlo. De partida, ya es una solidaridad original eso de que se convoque al paro a los que trabajan y cotizan, para defender los derechos de los que ya no trabajan y cobran.
La convocatoria parece manifiestamente inoportuna. Desde luego que no arreglará ninguno de los problemas planteados, aunque dudo que esa sea la intención, entre otras razones porque quien puede y debe hacerlo, el Gobierno central, el Congreso de los diputados, el Pacto de Toledo, etc., se encuentra muy lejos del perímetro de la presión. Además, se acaba de nombrar ministro del ramo a una persona experta en la materia, a quien habría que darle un margen de tiempo antes de saber si es capaz de imponer sus ideas ante la segura oposición que le harán sus propios socios de gobierno.
Porque sus ideas no gustarán a ninguno de los convocados el viernes. Eso es lo malo. La actualización de las pensiones era un objetivo – ese, cumplido -, del ministro, pero eso es lo fácil. El resto de sus ideas serán mucho más difíciles de implantar, al tratarse de asuntos como el retraso de la edad de jubilación, en principio hasta los 67 años, y la ampliación de la base de cálculo de la pensión a toda la vida laboral. No hay ninguna duda de que nadie coreará el viernes semejantes pretensiones.
Y aquí reside el auténtico problema. Todo lo que hay que hacer para arreglar el problema de la sostenibilidad del sistema es desagradable, incómodo y lesivo. A ver quien es el bravo que se atreve a plantearlo tras lo visto en Francia, en donde Macron – tras contar la verdad y proponer lo inexcusable -, lleva casi dos meses de huelgas y manifestaciones sin fin.