¿Derecho a la protesta?

SANTIAGO GONZÁLEZ – EL MUNDO – 30/03/16

Santiago González
Santiago González

· Andrés Bódalo es un mastuerzo al que Posemos colocó de cabeza de lista en las últimas elecciones, pese a que la Audiencia de Jaén lo había condenado a tres años y medio por un delito de atentado y una falta de lesiones contra el teniente de alcalde de Jódar, un socialista llamado Juan Ibarra.

El tipo tenía otras tres condenas previas por actividades violentas: un asalto a la Junta de Andalucía, en el que agredió con manotazos y patadas a los policías que querían desalojarlo, al grito de: «Fascistas de mierda, franquistas, cabrones». Las otras dos fueron por una batalla campal contra una manifestación de extrema derecha y por destrozar una heladería para obligar a sus propietarios a hacer huelga.

Sabido es que estas cosas emocionan mucho a su secretario general, al que las imágenes de la turba pateando a un policía en el suelo le ponían a punto de caramelo. Casi tanto como la guillotina, herramienta que considera «la madre de la democracia». Le siguen en esa reivindicación los concejales de Madrid Pablo Soto y Jorge García Castaño, un diputado de Valladolid y dos diputadas por Madrid que son las últimas primeras damas de Posemos, Tania Sánchez e Irene Montero, que prescribían guillotina a la Familia Real en su conjunto y al Rey, respectivamente.

Monedero era otro partidario de los procedimientos chavistas para tratar a los enemigos de clase. Dejó constancia de ello en los 62 artículos firmados por él en una web llamada aporrea.org.

La esplendente burricie de Teresa Rodríguez ha comparado a este tipo con Miguel Hernández. ¿Por la condena a muerte, por poeta, por tuberculoso? Ella ya dio muestras de su capacidad intelectual al confesar a Emilia Landaluce que sus modelos políticos eran: su madre, Rosa Luxemburgo, Allende, Miguel Hernández y Lorca, cinco Bódalos posibles. Le ha tocado a Miguel Hernández. También han pedido el indulto otras lumbreras como Garzón, Ada Colau y ‘Kichi’. Y naturalmente, el secretario general, que lo ha visto así en Twitter: «No estamos dispuestos a perder las libertades. Por eso, el derecho a la protesta no debe suponer cárcel».

El lenguaje de inversión es una especialidad. Por eso, el condenado llama «defensa de los derechos de los trabajadores» a la paliza que le dio al socialista Ibarra o al destrozo de la heladería ya citado. Los asaltos de los pandilleros del SAT a supermercados no son otra cosa que medidas de redistribución de la renta. ¿Qué es la violación, sino un ejercicio sin cortapisas del derecho de reunión?

A la hora de entregar esta columna, el concejal esperaba a que fueran a detenerlo. Es de suponer que las Fuerzas de Seguridad cumplirían con su obligación. Hoy, el menesteroso Pedro va a suplicar una vez más la Presidencia del Gobierno a Pablo y se hará el loco ante el hecho de que su interlocutor haya llamado «derecho a la protesta» a la zurra de los concejales socialistas. ¿Qué pensará Juan Ibarra de este ejemplo de orgullo corporativo? A ver, Pedro, defina qué entiende usted por «dignidad socialista».

SANTIAGO GONZÁLEZ – EL MUNDO – 30/03/16