Derecho de pertenencia

QUIENES, desde la política vasca, observamos el proceso de exclusión liderado por el nacionalismo catalán en las últimas legislaturas, no dejamos de advertir los constantes paralelismos entre el discurso encabezado por Artur Mas y el que padecimos con Juan José Ibarretxe. El lendakari del PNV tuvo, al menos, la originalidad de la idea y fue también el primero en sufrir el fracaso de su proyecto, constituir el País Vasco como un Estado Libre Asociado que basaba su legitimidad en el derecho a decidir.

El derecho a decidir se ha convertido en el mantra que justifica la deslegitimación local de aquellas decisiones tomadas por los sujetos políticos legítimos. Es verdad que en el País Vasco ha quedado en un segundo plano tras el fracaso del plan Ibarretxe, pero el lema ha creado escuela. Hoy, en mi tierra, se rechaza la ejecución de una red ferroviaria internacional porque el pueblo del término municipal por el que pasa tiene derecho a decidir. También es un buen argumento para rechazar una prospección de fuentes energéticas o para negar legitimidad a la Jefatura del Estado.

No es extraño que cunda simpatía hacia la idea de que uno pueda decidir libremente su relación con otro sin tener en cuenta la opinión de ese otro. Realmente es muy atractiva. Quién rechazaría poder disfrutar del derecho a decidir libremente su relación con la delegación de Hacienda, con la sucursal bancaria en la que tiene su hipoteca o con ese jefe impertinente que se empeña en que hay que fichar a las ocho.

Pero las cosas son realmente de otro modo. Nada se decide unilateralmente, al menos en una democracia. El Estatuto de Cataluña, como el vasco, o como la propia Constitución, son fruto de acuerdos complejos entre diferentes que no satisfacen enteramente a ninguna de las partes, ni en el seno de esas comunidades autónomas ni en el conjunto de España.

El nacionalismo no busca acuerdos extensos y transversales. Como se ha demostrado en Cataluña, Escocia o, en el pasado reciente, el País Vasco con el plan Ibarretxe, los nacionalismos definen una mínima mayoría que presumen favorable a sus planes y con esas alforjas deciden seguir adelante. La búsqueda de acuerdos o consensos está fuera de sus planes. Son ellos mismos los que cualifican esa mayoría y la dotan de un poder constituyente que en ningún manual de derecho constitucional sería aceptado. Y, posteriormente, exigen que el diálogo sirva para dar categoría de hecho consumado a esa doctrina. Cuando desde el nacionalismo catalán se dirigen al Gobierno de Mariano Rajoy no es para negociar una política, sino para establecer los plazos en los que sus planes van a ser aceptados. Buscan el acatamiento, no el acuerdo. Pretenden el derecho unilateral a decidir.

Con esa pretensión, el nacionalismo está negando otros derechos previos, no solo los del conjunto de los españoles, sino los que tienen cada uno de los ciudadanos vascos o catalanes. La reducción de la soberanía a un espacio local o regional, ya sea para impedir el paso de una carretera o para declarar la independencia, representa una negación para todos los ciudadanos que viven en ese espacio a seguir participando, en régimen de igualdad, en la comunidad política a la que habían pertenecido con anterioridad.

Cuando el se atribuye la capacidad de convocar un referendo de independencia se atribuye también la capacidad de negar la ciudadanía española a todos los catalanes. Niega su derecho de pertenencia a España para atribuirle una nueva identidad nacional que es la que determinaría los extremos a los que se tendría que avenir en el futuro.

El derecho a decidir en un marco político y geográfico local o regional significa no hacerlo en aquel al que habías pertenecido, se te niega el derecho de pertenencia a tu identidad original.

No dudo que habrá quien esté deseando prescindir de ese derecho, pero eso no le atribuye la capacidad de negárselo a otro.

Yo soy alavés, como también soy vasco y español. Cuando los alaveses nos integramos en la Comunidad Autónoma Vasca lo hicimos bajo una serie de condiciones entre las que no era menor la de seguir perteneciendo a España; alterar ese acuerdo es negar nuestros derechos de pertenencia. Lo mismo sucede con cada uno de los catalanes a los que el Parlament y la Generalitat han querido negar su derecho de pertenencia.

Como todos sabemos, no lo han logrado. Ha prevalecido el derecho sobre la imposición. Un derecho y una ley que tienen hoy tanto sentido como lo tuvieron cuando se redactaron y que, pese al fracaso nacionalista del 9-N, se han mostrado como muy necesarios para el futuro.

Es verdad que si alguien ha demostrado la imposibilidad de un Estado catalán han sido los nacionalistas catalanes, pero no tengo ninguna duda de que ni va a ser su última tentativa ni va a ser el último desafío que padezcamos de ver condicionado nuestro derecho de pertenencia.

Por ello, creo que quienes somos conscientes de que la reducción del «derecho a decidir» a un ámbito territorial limitado representa una negación de nuestra pertenencia a un ámbito de decisión más extenso debemos afrontar el capítulo del 9-N con la visión puesta en el próximo reto que se plantee a nuestra libertad.

La defensa de la libertad y de los derechos de los ciudadanos exige, una vez más, consenso y seguridad en nuestro sistema político y un compromiso ético con los derechos que, como el de pertenencia a un espacio político extenso, en este caso España, nos conciernen a todos.