Desconcertando

En Míster Witt en el cantón, la novela histórica de Ramón J. Sender sobre la insurrección de Cartagena en 1873, hay un personaje, un maquinista naval, que se suma a la insurrección cantonalista porque, aunque ni sabe de qué va el federalismo, los alzados le prometen que la Federal acabará con los Fueros. El odio republicano al carlismo, durante el Sexenio Democrático, se fue decantando hacia un clamor contra los fueros vascongados, cuya abolición incluyeron en su programa los fusionistas de Sagasta desde comienzos de la Restauración. Pero fue el primer gobierno de Cánovas del Castillo, un admirador confeso del sistema foral, el que, presionado desde la oposición, decretó la extinción de los privilegios de las provincias exentas, el 21 de julio de 1876.
Sin embargo, Cánovas y sus seguidores vascos instalados en las diputaciones provinciales pactaron dos años después la recuperación subrepticia de los fueros en forma de Conciertos Económicos. De hecho, la abolición de 1876 fue el requisito previo para una modificación de los fueros vascongados similar a la que habían experimentado los fueros navarros en 1841. Que ambas modificaciones fueran efecto de sendas derrotas del carlismo no quita que sean en sí mismas un producto del liberalismo político. Fueron llevadas a cabo a través de pactos entre las elites liberales de las provincias y los gobiernos centrales, el progresista de Espartero en 1841 y el conservador de Cánovas en 1876.
El federalismo, una ideología recurrente y estúpida que ha seducido en distintos períodos a la izquierda española desde mediados del siglo XIX, nunca ha tenido en cuenta el hecho de que los conciertos vascongados y el convenio navarro supusieron la concesión necesaria de la revolución liberal a la constitución histórica –en el sentido que daba a esta expresión Montesquieu– de la nación española. Porque el federalismo considera que la nación es como un mecano que puede montarse y desmontarse a capricho del nene.
Pla, al que no leen ni los nacionalistas catalanes ni los federalistas del PSC, vio con claridad que el fracaso de la primera revolución democrática española, la del Sexenio, no se debió tanto a los bakuninistas en acción que montaron los pollos de Cartagena o Alcoy, sino a los venerables santones federalistas que gobernaron –es un decir– la I República desde Madrid, gentes como Estanislao Figueras y Francisco Pi y Margall, procedentes, como no dejaba de observar Pla con amargura, de la Cataluña profunda, región sumida en un caos y una anarquía endémica. Y de Cataluña, como si se tratara de una maldición bíblica, han seguido brotando los despropósitos federalistas tanto en el siglo pasado (con Bosch Gimpera, por ejemplo) como en el presente, con esa luminaria que responde al nombre de Pere Navarro.
Suprimir los conciertos económicos (y no todos) es lo que hizo Franco en un largo paréntesis dictatorial, pero lo compensó convirtiendo a las provincias castigadas (Vizcaya y Guipúzcoa) en el destino principal de la inversión del ahorro español, gracias a lo cual alcanzaron la renta per cápita más alta de España. Ni siquiera Franco, un militar autoritario formado en el nacionalismo liberal de la época alfonsina, ignoraba que el pacto tácito sobre el que se sustenta la nación española prescribe privilegiar a la región vasconavarra. Al menor conato de ponerlo en cuestión, como ya ha podido comprobar el dirigente socialista catalán, no sólo los vascos y navarros de todos los colores políticos (con la excepción de UPyD, que por algo cuenta allí con un único representante parlamentario) cierran filas, sino que, además, Gobierno y oposición tuercen el morro.