Ignacio Camacho-ABC

  • El Constitucional le cerró a Sánchez las salidas escapistas. Las restricciones de derechos no competen a las autonomías

El Gobierno no se quiere dar por enterado en la práctica de que su invento de la ‘cogobernanza’ quedó invalidado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el segundo estado de alarma. Lo que venía a decir la doctrina de la Corte de Garantías es que las autonomías tienen competencia para regular horarios de comercios o bares pero no para limitar el ejercicio de libertades fundamentales. De modo que ante la aparición de una nueva ola de contagio, que estaba cantada ante la efervescencia prenavideña de la calle, Sánchez está obligado a mojarse. Ya no cuela el truco de echar por delante a los dirigentes de las comunidades. Corresponde al Ejecutivo establecer el criterio, el marco legal y las órdenes para la eventual imposición de confinamientos, el pasaporte Covid o cualquier tipo de restricción de derechos. Se trata de medidas de Estado, si es que en Moncloa queda alguien capaz de recordar qué es eso.

Algunos consejeros de Sanidad llevan semanas preguntándole por la obligatoriedad del certificado de vacunación a la ministra, sin obtener al respecto ninguna respuesta precisa. La posición gubernamental sigue siendo la de ponerse de perfil y endosarle la papeleta a la Justicia, que se pronuncia en cada territorio de manera distinta porque a menudo las solicitudes desdeñan ciertas cuestiones sustantivas que requieren escrupulosa concreción jurídica. En el caso del pasaporte, además, hay margen para el debate y tanto a favor como en contra existen argumentos razonables en un país donde la inmunización alcanza un porcentaje de población relevante. Pero gobernar consiste en asumir responsabilidades, ejercer el liderazgo y tomar cuando haga falta decisiones impopulares sin miedo a sus repercusiones electorales. No es posible gestionar una crisis de salud pública con resultados eficaces si la prioridad estratégica consiste en evitar el desgaste. Nadie dijo que fuera fácil pero ha llegado la hora de pronunciarse.

Y ha de ser de modo claro. Sí o no, implantación o rechazo. Que el ministerio consulte a los expertos que considere necesarios -eso sí, bien identificados- y explique las conclusiones a los ciudadanos. Y tanto si decide exigir el salvoconducto sanitario como si lo descarta, ha de ser a la vez y de forma homogénea en toda España. Bajo un principio de legalidad uniforme y una pauta equilibrada, que es el único método posible de generar confianza. El Estado no puede fragmentar sus normas básicas ni darlas a elegir como platos de un menú a la carta, y menos cuando afectan a los elementos vertebrales de la democracia. La pandemia, por mucho que el presidente se empeñe en ignorarla, exige respuestas coordinadas. La idea de regionalizar el problema era una trampa política que el Constitucional ha puesto patas arriba. Le guste o no a Sánchez, el virus se le ha vuelto a venir encima y ya no le quedan salidas escapistas.