GABRIEL ALBIAC, ABC – 22/09/14
· Un responsable del Estado que apuesta por violar las leyes, no incurre en «desobediencia civil». En sedición, es probable.
Lo grave no es que Cataluña se desgaje. Lo grave es que lo haga al margen de la ley. Una secesión no es un imposible. Es una tragedia: pero lo trágico va en el coste de ser hombre. Lo que no puede, en ningún caso, aceptarse es que la ley se viole desde un vértice del Estado: la administración autónoma. Ni que salga gratis. Penalmente gratis. Se puede sobrevivir a una tragedia nacional. Aun malherido. No se sobrevive a la constancia de que las leyes estén para que sus gestores las transgredan. Porque eso deja a todos al albur de lo arbitrario.
No me inquieta el arrebato independentista que incendia Cataluña y que acabará por dar con ella en ceniza. Esas cosas suceden. Son tristes, pero suceden. Cuando golpean tiempos duros, nada consuela más que una figura diabólica sobre la cual cargar la culpa de nuestro daño. Funciona siempre, esa pulsación emotiva. Mejor, cuanto más necia. Sin el odio común contra el judío, Hitler no hubiera salido jamás de pordiosero de asilo. Sin el odio común a esa «España que nos roba», jamás hubieran los Pujol llegado a millonarios.
El delirio es delirio sólo. Y el robo, robo. Cuando la ley ejerce su indiferente automatismo. Al cual todos por igual quedan sometidos. Está en la potestad de cualquiera trocarse en delincuente. Y arrostrar el coste. La ley debe proteger a cada uno frente a los otros. También frente al Estado, que es el otro más temible. Y un Estado es legítimo si garantiza esa defensa. Sólo.
¿La independencia de un territorio dentro de un Estado moderno? Un disparate. Cuyo acaecer está –como todo– constitucionalmente regulado. Indeseable, no imposible. Exige poner en marcha los mecanismos que toda Constitución incluye para desconstituirse. Básicamente: disolución de Cámaras, Cortes Constituyentes y referéndum. Referéndum en España: puesto que es al sujeto constituyente español al que se llama a disolverse. Es un procedimiento reglado en el Título X de la Constitución. Legítimo, pues. Se vota en el único ámbito geográfico constitucionalmente definido: España. Y se acepta el resultado. Guste a cada cual o no guste.
Lo que está en juego, desde la decisión del viernes en el parlamento regional de Cataluña, no es el desgajamiento de cuatro provincias. Lo que está en juego es mucho más vital para cada ciudadano, sin matiz geográfico: saber si el presidente de una comunidad autónoma está sometido a la ley. O si, al modo de un monarca local, es «inviolable». Porque, hablemos con rigor: «desobediencia civil» designa actos privados; no cuadra a la violación por una autoridad administrativa de la legalidad vigente.
Un responsable del Estado que con deliberación apuesta por violar las leyes, no incurre en «desobediencia civil». En sedición, es probable. Conforme a lo que el Código Penal fija para aquellos que se alcen «para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes… o las resoluciones administrativas o judiciales». Eso es lo grave en Cataluña. No la independencia..
GABRIEL ALBIAC, ABC – 22/09/14