La van a liar con la sedición, y lo saben. Y además merecen liarla porque esa maniobra tan sucia, tan tramposa, tan sectaria, no tiene un pase. Por mucho que afinen los juristas del Ejecutivo en su empeño por beneficiar sólo a los sediciosos catalanes (que sediciosos son, sentencia mediante), será difícil que la reforma no acabe sacando a otros corruptos ya condenados de la cárcel. La última palabra la van a tener los jueces, esos fachas recalcitrantes, como en los recursos de los agresores sexuales que estos días le agradecen a Irene Montero el detalle. Y si ocurre lo que probablemente ocurrirá, porque legislar ‘intuitu personae’ entraña el riesgo evidente de efectos no buscados (¿o sí?), habrá un responsable. Uno solo. El que ha desoído incluso a sus propios correligionarios que le aconsejaban frenar aunque fuese por razones electorales. Sí, ése. Pedro Sánchez.

Pero el carácter arbitrario de la operación no depende de sus eventuales consecuencias, ni de las presuntas garantías técnicas de su letra pequeña. Está en su misma naturaleza, en su intención sesgada, literalmente torticera –«injusta», según la Real Academia–, en su falta de respeto a las más elementales reglas del Derecho como instrumento regulador de la convivencia. Porque salta sobre el principio de generalidad de la ley para beneficiar a posteriori a individuos concretos con una rebaja de penas a cambio de una contrapartida política directa. Sin disimulo ni vergüenza. No es sólo que se trate de una amnistía encubierta; es una desviación de poder, una aberración jurídica y una bajeza ética.

Y no viene sola. La acompañan una medida –la derogación de la sedición– que desarma al Estado ante cualquier futuro intento de insurrección institucional y una propuesta para someter la cúpula de la justicia a la mayoría de Gobierno. De una tacada, todo en el mismo paquete, deprisa y corriendo, que Junqueras quiere asegurarse el botín antes de la votación definitiva de los Presupuestos. Casi hay que agradecerle que no haya querido ir más lejos: podía haber pedido, y casi con seguridad logrado, algún atajo leguleyo para celebrar su ansiado referéndum. Si no lo ha hecho es por no poner a su bizcochable socio en un aprieto contraproducente; lo necesita al menos durante otro mandato para seguir exprimiéndolo.

Aunque a la legislatura aún le queda un año largo y hay margen para más sorpresas según vayan las elecciones locales de mayo. En principio la idea gubernamental pasa por dedicar el primer semestre a una orgía de gasto pero si algo se puede aprender de este verdadero golpe de mano parlamentario es que el presidente no tiene reparos una vez que ha cogido la cuesta abajo. Por mucho que la derecha se indigne ya sólo hay una manera de pararlo. Y no es tirar los pies por alto. Se llama voto y es el modo civilizado en que los ciudadanos resuelven los conflictos democráticos.