Su marcha, por respeto a las víctimas y al electorado, abre el camino para la exigible asunción de nuevas responsabilidades políticas, pero sólo con ellas no se solucionará el problema de fondo que ambas catástrofes han puesto de relieve: la verdadera enmienda a la alta velocidad que Puente ha dejado como legado exige que el relevo en el Ministerio, sea con la sigla que sea tras la cita con las urnas, sirva para ejecutar de inmediato la reconstrucción de la seguridad y de la confianza en nuestras vías. Esa credibilidad en el servicio es la que está en juego, por encima de cualquier cálculo electoral o interés partidista.

Óscar Puente se ha ido siendo él mismo, con un discurso por momentos retador para responder a las críticas. Se le puede cuestionar el tono excesivamente locuaz de sus argumentaciones e, incluso, su querencia por un oportunismo en las redes sociales del que seguro se habrá tenido que arrepentir en más de una ocasión. Pero ha sido un ministro que ha dado la cara a diferencia de otros cargos públicos envueltos en graves crisis de gestión en los últimos años. Puente ha ofrecido explicaciones públicas con aplomo en circunstancias extraordinariamente difíciles para el conjunto del país, a pesar del evidente desgaste sufrido por él y por el Gobierno al que pertenece en vísperas electorales.

Lo acaba de demostrar este martes, con una doble sesión de exposición pública. Por la mañana, presentó un importante paquete de mejoras en el corredor Madrid-Sevilla, en lo que se puede interpretar como una enmienda a la alta velocidad ferroviaria. Resultaba ineludible elevar el rigor de los protocolos y recuperar la calidad del servicio ferroviario, sumido en una profunda crisis de confianza por la repetición de catástrofes en las vías. Pero esa urgencia exige respuestas estructurales eficaces. A diferencia de Adamuz, esta vez tiene que haber un antes y un después de Urda. El Gobierno ha pasado de presumir de la «mejor red de alta velocidad del mundo» a poner en entredicho la ocupación de las vías, la seguridad laboral y los horarios comerciales, lo que certifica la vulnerabilidad del modelo. Admitir ahora que la alta densidad y los turnos de los operadores comprometían la seguridad equivale a reconocer que el sistema operaba al límite, sin que la tutela pública echase el freno a tiempo.

Para la tarde se reservó la cuestión de confianza en la que convirtió su cita parlamentaria. Puente constató su soledad, sostenido por su partido con el apoyo de Bildu frente a las peticiones de dimisión del resto del bloque de investidura y de la oposición. Se sabía más que amortizado -confesó que decidió su dimisión en los minutos posteriores a conocer el dramático balance de Toledo- y quiso dejar como explicación a su renuncia una frase alejada de la confrontación que ha rodeado su mandato: «Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año». Esa es la realidad y eso es lo que no debe repetirse.