JON JUARISTI, ABC 15/12/13
· El presidente de la Generalitat catalana ha convertido la opción federalista de la izquierda en pura subversión antidemocrática.
El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán en la República Federal española. No era una declaración de independencia, pero sí de rebelión abierta contra la II República, su gobierno y la constitución entonces vigente, la de 1931.
El desafío, como se sabe, terminó bastante mal para Companys y la Generalitat. El Gobierno de coalición de los radicales y la CEDA, un gabinete de centro-derecha presidido por Alejandro Lerroux, no sacó tanques a la calle, pero sí cañones. Companys y sus consejeros fueron a parar a la cárcel y la autonomía catalana desapareció en la práctica hasta las elecciones de febrero de 1936. Conviene recordar las circunstancias históricas de la proclamación de Companys para entender su sentido.
En primer lugar, las disensiones internas de la propia sociedad catalana, en la que no sólo se contraponían los intereses de los partidos catalanistas a los del bloque radical-cedista y los de todo el conjunto republicano a los del anarcosindicalismo, sino los del nacionalismo catalán conservador de la Lliga a los del gobierno de Companys por la cuestión candente de la llamada Ley de Contratos, un proyecto de reforma agraria que, además de enfrentar a la Generalitat con el Gobierno de la nación, había agravado la división del catalanismo.
En segundo, la insurrección armada de los socialistas contra el Gobierno, culminación de una escalada de movimientos focales huelguísticos y de rebeliones administrativas (como la de los ayuntamientos vascos) impulsadas por el PSOE, el republicanismo de izquierda y los nacionalistas con la intención expresa de minar la legitimidad del gobierno salido de las urnas el año anterior. En este contexto se produjo la sonada proclamación de Companys.
Dicha proclamación fue doble. No postulaba uno, sino dos sujetos políticos incompatibles con la Constitución de 1931: el Estado catalán y la República Federal española. No hay que hacer grandes esfuerzos de imaginación ni de memoria para adivinar cuál era el modelo que seguía el presidente de la Generalitat: el de la insurgencia cantonalista de 1873 contra la I República. Como entonces, se intentaba cambiar el sistema político por la vía de la rebelión abierta, al margen de los dispositivos legales arbitrados por la propia Constitución para su reforma.
Las circunstancias actuales no son, evidentemente, las de 1934 ni las de 1873, pero el modelo subyacente al doblete anunciado el jueves por el presidente de la Generalitat catalana es el mismo que el de las proclamas insurreccionales de ambas fechas. Se trata de forzar el cambio del sistema político desde fuera de la legalidad. Es obvio que el mensaje que los nacionalistas catalanes han lanzado al conjunto de la sociedad española consiste en un dilema, es decir, en una falsa alternativa: tanto si el horizonte de la consulta anunciada es un Estado catalán no independiente, como el que proclamó Companys, o uno independiente, emplaza a todas las demás fuerzas políticas a cambiar el sistema pasando por encima de la Constitución de 1978. Es también obvio que el Gobierno de la nación no puede siquiera tomar en consideración los términos del dilema, porque su única opción, como ha vuelto a recordar Rajoy, es la defensa de la Constitución. La incógnita por despejar es lo que hará la oposición, y sobre todo su principal partido.
La opción por una federalización como mal menor implicaría unirse a la impugnación insurreccional del sistema. Ya no es posible moverse alegremente entre la legalidad y el sueño. Como Companys en 1934, y también por la vía del doblete, Mas ha convertido la propuesta federal en subversión antidemocrática.
JON JUARISTI, ABC 15/12/13