Editorial, EL CORREO, 17/9/11
El crédito democrático de la izquierda abertzale no subirá enteros si instrumentaliza la sentencia contra Otegi
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional, condenando a Arnaldo Otegi y a Rafa Díez Usabiaga a diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes, y a ocho años de prisión a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto por la primera de las imputaciones, juzga hechos y conductas que se remontan a finales de 2008 y principios de 2009. El relato judicial considera que los ayer condenados con dureza formaron parte en esos meses de una estructura a través de la cual ETA trató de supervisar la actuación de las diversas organizaciones de la izquierda abertzale dirigiendo sus pasos y orientando el debate suscitado en su seno tras la ruptura de la tregua de 2006. Parece demostrado que en ese tiempo las relaciones entre el núcleo etarra y los dirigentes de la extinta Batasuna mantuvieron una tensión contenida, pero sin adoptar la forma de una ruptura expresa que pudiese llevar al Tribunal a tenerlo en consideración. El juicio emitido sobre aquel momento se proyecta sobre el presente y condiciona el futuro inmediato tanto de la izquierda abertzale como de la política vasca en su conjunto. La amenaza etarra no se desvanece por el hecho de que la trama terrorista declarara un alto el fuego permanente. La exitosa iniciativa de la izquierda abertzale de recuperar la legalidad de facto mediante la coalición Bildu tampoco despeja los recelos y las dudas que suscita su obediencia a un pasado tenebroso. Pudiera darse el caso de que el Tribunal Constitucional concediera carta de naturaleza al registro de Sortu como partido legal, y los condenados cuentan ahora con la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo una resolución no exenta de fallas argumentales sobre la propia naturaleza de Bateragune. Pero el crédito democrático de la izquierda abertzale, que continúa resistiéndose siquiera a deplorar retrospect ivamente el uso del terror, en ningún caso subirá enteros si opta por instrumentar la sentencia de ayer para recabar votos victimistas de cara a las próximas citas electorales y así soslayar la responsabilidad que le atañe directamente en poner fin a la persistencia etarra.
Editorial, EL CORREO, 17/9/11